¿Fin del privilegio? La Legislatura avanza contra el aporte obligatorio al gremio de Judiciales
Un proyecto de ley busca la derogación del aporte que recibe Sitrajur cada vez que se realiza una demanda judicial en Río Negro. El gremio denuncia un ataque a sus fondos.
Se trata de un aporte que se otorga a Sitrajur por cada demanda judicial que se realiza.
En un clima de fuerte tensión política y gremial, la Legislatura de Río Negro avanzó este martes en el tratamiento del proyecto que busca derogar el artículo 178 de la Ley K N° 5190, que establece una contribución obligatoria del 0.2% sobre todos los juicios iniciados en la provincia a favor del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur).
La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), obtuvo dictamen favorable en comisiones y promete un debate caliente en el recinto dónde para aprobarse, necesitará de doble vuelta.
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Desde 1986, cuando fue incorporado a la normativa, el artículo 178 fija que cada demanda judicial, contenciosa o voluntaria, debe tributar un porcentaje mínimo destinado al sindicato judicial. Según la redacción vigente, esos fondos son aplicados a la obra social y a servicios previstos en el estatuto gremial. La contribución se efectúa mediante boleta oficial en el Banco Provincia y constituye un requisito previo al inicio del proceso judicial.
Para Mansilla, este esquema resulta “injusto e inconstitucional” porque carga sobre los hombros de los justiciables un costo adicional que no se traduce en ningún beneficio directo. “El servicio de justicia debe ser lo menos gravoso posible y al alcance de todos”, sostuvo en la reunión plenaria, donde recibió el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro, CC ARI-Cambiemos, UCR y PRO-Unión Republicana.
La defensa del gremio
El sindicato reaccionó con dureza frente al avance legislativo. El secretario general de Sitrajur, Marcos Calarco, aseguró que la contribución “es parte del salario indirecto de los trabajadores” y que su derogación implicaría “un golpe directo a la negociación colectiva”. Incluso advirtió que la medida ya fue denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la misma línea, el secretario adjunto, Emiliano Sanhueza, criticó la falta de convocatoria al gremio para participar en la discusión parlamentaria. “Se trata de una reducción salarial encubierta”, expresó. Por su parte, Pablo Barreno, referente de la Primera Circunscripción Judicial, fue más tajante: “Es una vergüenza, buscan disciplinar a los trabajadores judiciales”.
Sitrajur defendió además la existencia de contraprestaciones concretas, como beneficios de salud (100% de cobertura en análisis bioquímicos y descuentos en farmacias), capacitaciones en mediación y servicios de alojamiento económico o gratuito para la comunidad en cabeceras judiciales.
Argumentos a favor de la derogación
Los bloques que apoyaron el dictamen remarcaron que este tipo de aporte es “único en el país” y no se aplica a ningún otro gremio. El legislador oficialista Lucas Pica (JSRN) recordó que, en cambio, los Colegios de Abogados reciben fondos porque cumplen funciones delegadas por el Estado, situación que no se verifica con Sitrajur.
La autora del proyecto fue enfática: “El Estado no puede establecer obligaciones en exclusivo beneficio de una entidad sindical”.
Según Mansilla, este sistema vulnera los principios de legalidad e igualdad porque impone una carga económica a ciudadanos que no forman parte del sindicato ni reciben beneficios de él.
Críticas de la oposición
La resistencia provino principalmente del bloque Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro. José Luis Berros advirtió que se trata de “una nueva avanzada contra los sindicatos”, mientras que la ex senadora Magdalena Odarda lo consideró “inconsulta e inconstitucional”. En tanto, la legisladora Ana Marks cuestionó que el proyecto haya estado “congelado” durante años y aparezca ahora “de manera intempestiva”.
El enfrentamiento entre los fundamentos legales de la derogación y la defensa gremial de Sitrajur tensiona a la Legislatura rionegrina en un contexto de creciente conflictividad sindical. Mientras el oficialismo y aliados ven en la contribución un privilegio injustificado, el gremio la interpreta como un ataque directo a su subsistencia y a los derechos de sus afiliados.
Con dictamen favorable en comisiones, el proyecto será tratado en el recinto en las próximas semanas. Allí se medirá el peso de las mayorías y la capacidad de presión del gremio de los judiciales, que ya anticipó movilizaciones.
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