El dueño del camión que provocó un choque fatal no va preso y acordó donde enfrentará la causa civil
El incidente ocurrió cerca de Catriel y causó la muerte de un trabajador petrolero. El camionero, que ya fue condenado se cruzó de carril y embistió vehículos detenidos en la banquina. Ahora se resolvió la situación legal del empresario que lo contrató.
El propietario de un camión proveniente de Bolivia que llegó al Alto Valle en busca de fruta y provocó la muerte de un trabajador petrolero sobre la Ruta Nacional 151 en proximidades de Catriel, se libró de la causa penal, pero deberá enfrentar la instancia civil en el Juzgado 9 de ese fuero con sede en Cipolletti.
El trágico incidente vial se produjo el 27 de abril de 2023 en la zona conocida como La Escondida, ubicada a unos 40 kilómetros al sur de la localidad petrolera rionegrina.
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Esa tarde, alrededor de las 17:30, un camión Volvo 480 con semirremolque térmico cargado de manzanas que volvía al vecino país embistió una caravana de vehículos petroleros que se había detenido sobre la banquina oeste por una falla mecánica en uno de los rodados. El convoy estaba compuesto por dos camionetas Toyota Hilux, una Volkswagen Saveiro y un camión Iveco que arrastraba una casilla. Precisamente, un eje de la casilla había registrado un desperfecto, por lo que Gustavo Riquelme, un operario de 40 años, se había situado abajo para realizar reparaciones.
Pero inesperadamente el camión boliviano que circulaba en dirección norte se cruzó de carril e invadió la banquina, donde se encontraban detenidos los otros vehículos. El impacto fue con suma violencia, y como consecuencia Riquelme perdió la vida. Las pericias posteriores adjudicaron el siniestro al mal funcionamiento de los frenos del rodado causante del desastre, y a la impericia del conductor.
El conductor del camión ya fue condenado
El camionero del Volvo, identificado como Elías Villarroel Contreras y de nacionalidad boliviana, fue imputado por el delito de “homicidio culposo por conducción imprudente”. En abril del año pasado lo condenaron a tres años de prisión en suspenso -que le permitió seguir en libertad- más cinco años de inhabilitación para conducir en todo el país, entre otras pautas de comportamiento rigor. Fue un acuerdo alcanzado en un juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, la Querella y la Defensa, en el que el camionero admitió su culpa, y factible porque carecía de antecedentes penales computables. Además, el sentenciado aceptó la competencia del Juzgado Civil 9 para continuar con el reclamo en esa instancia.
En la causa también apareció involucrado Eyber Carlos Reyes Aparicio, el dueño del camión, por su “posición de garante” y lo imputaron por “homicidio culposo en siniestro vial”.
En su caso la Fiscalía lo acusó por conducta negligente. Por un lado, le adjudicaron que sabía que el camión tenía problemas en el sistema de frenos y que eso representaba un peligro para el resto del tránsito, y que de todos modos lo mandó desde Tarija, al sur de Bolivia, hasta el Alto Valle rionegrino (Allen y General Roca) con el fin de cargar manzanas para llevar a su país. Incluso, añade la imputación, que tenía conocimiento de los desperfectos mecánicos registrados en Allen.
Mientras que también le reprocharon haber contratado a Villarreal Contreras sabiendo que “no contaba con la experiencia suficiente” ni tener “referencias sobre su profesionalismo” para transportar “una carga peligrosa” que pesaba 23 toneladas, a lo largo de más de 2500 kilómetros. Le debió “ordenar no viajar”, puntualizó la Fiscalía.
En la continuidad del expediente judicial se realizó una audiencia el 23 de abril último en la que para definir la situación procesal de Reyes Aparicio. Pero en esa ocasión el abogado querellante Gastón Leiva informó que tras la pena impuesta al autor material del hecho, las partes trabajaron en una salida alternativa, y que como resultado concluyeron que no buscaban una sanción penal para el empresario.
Aclararon que seguirán el reclamo en el ámbito civil, y en ese marco pidieron que el camión y el semirremolque secuestrado debían quedar a disposición del Juzgado Civil 9.
El fiscal Jefe Gustavo Herrera no objetó el requerimiento a favor del sobreseimiento de Reyes Aparicio y que era apropiado cerrar el proceso propuesto por la querella. Mientras que el abogado defensor Ángelo Zamataro Amaranto no planteó objeciones y pidió regular sus honorarios.
El juez Guillermo Baquero Lazcano aprobó lo solicitado por las partes y dictó el sobreseimiento de Reyes Aparicio, al considerar que “expresaron su desinterés en continuar con la acusación penal respecto del imputado”. Destacó que correspondía declarar la extinción penal por la aplicación de un criterio de oportunidad.
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