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Ponen bajo la lupa beneficio otorgado a un petrolero

Lo condenaron a tres años de cárcel efectiva, pero le dieron prisión domiciliaria, autorizado a salir trabajar de lunes a sábado. Lo culparon de haber atacado a balazos a un vecino.

Un proceso que parecía casi cerrado tras un juicio abreviado llevado en el ámbito de la Cuarta Circunscripción tendrá un nuevo capítulo en los próximos días. La situación que estará bajo la lupa es la de un trabajador petrolero, identificado como Sergio Daniel Andrade, quien había logrado un beneficioso fallo más allá de una condena de 3 años de cárcel de cumplimiento efectivo. No solo se acordó un régimen de prisión domiciliaria sino que fue autorizado a trabajar de lunes a sábado con la única salvedad de un permanente seguimiento a través de una tobillera electrónica.

Sin embargo, precisaron fuentes judiciales, el acuerdo en los tribunales de Urquiza y España entre el representante del Ministerio Público Fiscal y el abogado particular de Andrade fue puesto bajo la lupa de los estrictos funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal 8.

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En concreto, en una audiencia realizada en septiembre, los responsables de la fiscalía en el área de Ejecución plantearon que Andrade gozaba de un régimen de semilibertad muy alejado de la condena casi de carácter simbólico de 3 años. “No se puede permitir que mantenga en este statu quo sin las normas legales que lo avalen”, remarcaron de forma contundente los acusadores.

Lejos de limitarse a mostrar su malestar por el beneficio otorgado a Andrade, la fiscalía reclamó que se revoque la prisión domiciliaria y que el condenado sea trasladado a una cárcel.

Ante la firme posición de los funcionarios de Ejecución que forman parte de la unidad temática 4, el condenado, oriundo de la ciudad de Cinco Saltos, pidió su recusación.

De esta forma, quedó abierta la resolución definitiva y en el transcurso de la presente semana volverá a discutirse el curioso beneficio otorgado a Andrade. De acuerdo con las fuentes, en la audiencia denominada “de control”, se hará un repaso de informes solicitados a empleados del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y también a los responsables de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, que deben verificar sus movimientos a través de un dispositivo con GPS.

En cuanto al planteo de recusación de los fiscales de Ejecución Penal, será otro tema polémico que deberá resolverse debido a que son los especialistas en observar el cumplimiento de los castigos que se fijan y que no es una tarea que la puede realizar cualquier funcionario.

Un violento ataque a balazos

El trabajador petrolero Sergio Andrade fue llevado a juicio por un violento ataque a balazos ocurrido en un barrio de Cinco Saltos, el 12 de octubre de 2020. En el marco de una disputa con otra familia, el hombre atacó a tiros a un vecino y le provocó una delicada herida en el pecho.

La investigación por lo sucedido avanzó de forma rápida y Andrade fue condenado a 3 años de cárcel efectiva por el delito de tentativa de homicidio. Asimismo, se fijó que debía pagar un monto de 300 mil pesos a la víctima. De forma paralela, se dispuso que cumpla un régimen de prisión domiciliaria.

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