Preso de Cipolletti denunció que en una cárcel le pedían dinero para salir en forma clandestina
El preso, un expolicía condenado por un abuso sexual, aseguró que en el penal de Pomona personal penitenciario le pidió coimas. Por eso, sufre hostigamientos.
El juez de Ejecución de Cipolletti trató una grave denuncia contra el servicio penitenciario provincial: además de hostigamiento y trabas en el régimen de progresividad hubo un intento de coima. El preso, un expolicía condenado por un abuso sexual, dijo que le pedían plata a cambio de salidas clandestinas. El caso está siendo investigado por la fiscalía de Valle Medio.
El juez del Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti, Lucas J. Lizzi, celebró una audiencia por videoconferencia en la que participaron la defensora Andrea Villanueva, el fiscal Oscar Cid, el director del Penal 7, subcomisario Omar Gauna, y el condenado L.A. La audiencia abordó una solicitud relacionada con denuncias de hostigamiento y obstáculos en la educación del condenado, así como la falta de tratamiento específico para ofensores sexuales en el penal de Pomona.
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El magistrado resolvió mantener al condenado en el penal de Pomona y ordenó garantizar sus derechos. La defensa expuso que el condenado enfrentaba situaciones de hostigamiento y trabas para acceder a la educación dentro del penal, mencionó una denuncia penal en curso contra una agente del penal y la falta de acceso a programas de tratamiento. El condenado detalló episodios de hostigamiento, incluyendo demandas de dinero por parte de personal penitenciario y problemas con otros internos.
Tras esta grave acusación, de la cual -se indicó en el fallo- se presentaron diversas pruebas, hubo imputación al personal, trasladaron agentes e incluso a internos vinculados por lo cual posteriormente se iniciaron los hostigamientos.
La agente denunciada, a cargo del área de trabajo en el penal
El director del penal informó que se respondieron por escrito todas las inquietudes del condenado, y se aclaró que la agente denunciada estaba a cargo del área de trabajo. Además, se afirmó que no había sanciones disciplinarias contra el condenado que justificaran su traslado a otro penal.
El fiscal y la defensa coincidieron en la necesidad de asegurar el acceso del condenado a programas educativos y de trabajo, así como en la importancia de recibir tratamiento psicológico y social, áreas en las que el penal de Pomona carece de profesionales. También se destacó la importancia de evitar cualquier tipo de injerencia por parte del personal penitenciario que pueda perjudicar la participación del condenado en estas áreas.
Sin presupuesto para brindar tratamiento a ofensores sexuales
El juez Lizzi resolvió mantener al condenado en el penal de Pomona y ordenó al director del penal que garantice su acceso y continuidad en los programas educativos y de trabajo disponibles. Sobre la petición de incorporar un equipo de tratamiento para ofensores sexuales en Pomona, el juez determinó que no era posible debido a cuestiones presupuestarias. Recomendó al condenado solicitar su traslado a uno de los penales donde se brinda este tratamiento, como Viedma, General Roca o Cipolletti.
Además, el juez dispuso requerir al Director del SPP que informe sobre la posibilidad de trasladar al condenado a un penal donde, en función de su calidad de ex policía, no corra riesgo su integridad y se le pueda brindar el tratamiento penitenciario necesario.
La audiencia concluyó con la resolución del juez de asegurar que no se vulneren los derechos del condenado dentro del penal y de coordinar con el SPP para garantizar el tratamiento adecuado, respetando las circunstancias particulares del condenado.
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