Pedirán prisión efectiva para cuatro policías por privación ilegítima de la libertad

El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de cumplimiento efectivo de entre 4 años y 2 meses y 4 años y 10 meses para cuatro empleados policiales que ya fueron declarados responsables penales por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de función, en concurso ideal con vejaciones, severidades y amenazas con arma.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez comunicó que el próximo lunes 2 de noviembre a las 12:00 horas dará a conocer la sentencia definitiva sobre la pena en la sede de los tribunales de General Roca.

Durante la audiencia de cesura, el fiscal del caso Gastón Britos Rubiolo requirió la inhabilitación especial para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. En detalle, solicitó para Jorge Luis Espinoza la pena de 4 años y 10 meses de prisión efectiva; para Mauricio Omar Escobar, 4 años y 8 meses de efectiva; para Ana María Marilaf, 4 años y 4 meses de efectiva; y para Betiana Soledad Beltrán, 4 años y 2 meses de prisión efectiva.

Los fundamentos de la Fiscalía

Para fundamentar la necesidad de una pena de encierro efectivo, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la gravedad del hecho cometido por agentes estatales encargados de prevenir delitos. Señaló que actuaron de manera dolosa, fuera de su jurisdicción asignada y utilizando cuatro armas reglamentarias 9 mm para amedrentar a dos jóvenes indefensos.

Asimismo, la fiscalía ponderó las lesiones físicas sufridas por las víctimas —incluida una herida provocada por el rebote de perdigones de una escopeta itaca—, las secuelas psicológicas acreditadas mediante Cámara Gesell y la falta de arrepentimiento. Se destacó además que los acusados intentaron entorpecer la investigación mediante un "pacto de silencio" y maniobras para eliminar evidencia en la sede del SIARME.

El reclamo de las defensas

Por su parte, la defensa técnica de los acusados rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal y solicitó la imposición del mínimo legal previsto, requiriendo que las condenas sean de ejecución condicional. El defensor Juan Pablo Chirinos solicitó una pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación para su asistido, argumentando motivos familiares e indicando pautas de conducta como cursos en derechos humanos y violencia institucional.

A su turno, la defensora Flavia Rojas sostuvo que la acusación no ponderó la historia personal de su asistida. “Hoy pudimos escuchar a la psicóloga que refirió que la señora es una mujer vulnerable, que no es peligrosa para terceros, es tranquila, rasgos de personalidad que hablan de una mujer que no podría haberse opuesto contra quien tenía el arma durante estos hechos”, afirmó. En la misma línea, los abogados Federico Diorio y Oscar Pineda solicitaron el mínimo legal con presentaciones trimestrales.

El hecho investigado

La teoría del caso acreditó que el 15 de junio de 2024, entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada, los imputados se movilizaban en una camioneta policial prestando funciones en la Comisaría 47° de JJ Gómez, cuando arribaron al playón deportivo del barrio Alta Barda.

Tras efectuar disparos al aire para dispersar a los presentes, identificaron a los dos adolescentes y los obligaron a subir al vehículo policial. Luego los trasladaron a un descampado privándolos de su libertad sin conducirlos a la unidad policial. En el lugar, el efectivo a cargo de la itaca les ordenó correr y disparó a sus pies, provocándole a uno de ellos una herida de perdigón en el muslo izquierdo antes de que lograran escapar hacia las sierras.