Femicidio de Otoño Uriarte: La familia quiere una investigación por la desaparición y el encubrimiento

La investigación por el femicidio de Otoño Uriarte, ocurrido en octubre de 2006 en Fernández Oro, sumará un nuevo capítulo luego de que el Tribunal de Impugnación rionegrino confirmara la revocatoria de la condena a prisión perpetua que recibieron Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf. La familia apelará y, además, quiere una nueva investigación.

El abogado querellante Martín Palumbo, quien representa a Roberto, padre de la víctima, indicó que apelarán el último fallo absolutorio mediante un recurso de impugnación extraordinario que presentarán al Superior Tribunal de Justicia.

Palumbo, quien reemplazó en el caso a Gabriela Prokopiw, la profesional que recuperó la causa contra los cuatro acusados por el asesinato de la adolescente, sostuvo que la fiscal actuante María Teresa Giuffrida, también intentará el mismo recurso.

Explicó que tienen diez días para presentarse ante el máximo tribunal judicial provincial y que están trabajando en la redacción del documento.

Una pista no profundizada en el caso Otoño Uriarte

El abogado destacó además que en diciembre del año pasado elevaron una denuncia a la Justicia Federal de General Roca para que profundice la investigación centrada en la hipótesis de la desaparición forzada de persona, un delito que es imprescriptible, junto con el supuesto encubrimiento policial, una pista que se mencionó durante los primeros años y que se tocó tangencialmente en el juicio realizado 18 años después de su desaparición y homicidio.

“Creemos que estas cuatro personas (Lagos, Jafri, Cau y Antilaf) tienen responsabilidad en el hecho”, destacó. Pero aclaró que “Queremos que se amplíe el marco de la investigación a funcionarios policiales por la desaparición forzada”. Palumbo resaltó que esa pista la Justicia rionegrina “nunca la profundizó”.

La denuncia en el ámbito federal recayó en el fiscal Matías Zanona, quien deberá definir si impulsa la acción penal o no le da curso. Como primera medida, el funcionario le pidió a la querella que acompañe nuevos elementos de prueba, los que fueron presentados en enero último, indicó Palumbo.

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Puntualizó que entre ese material adjuntaron información acerca de procedimientos que se hicieron en su momento con la participación de efectivos policiales de Río Negro, “que nos dan indicios que mínimamente hubo algún tipo de encubrimiento”, consignó.

El abogado subrayó que Roberto Uriarte “está convencido que estas cuatro personas tienen que ser condenadas y por eso vamos a interponer el recurso extraordinario en el Superior Tribunal de Justicia”. Aunque reconoció que el caudal probatorio expuesto contra ellos en el juicio fue “débil”.

Lamentó que el lento desarrollo del proceso judicial, que tras casi 20 años de iniciado no tiene resolución, Es violatorio los derechos que tiene Roberto como damnificado.

La noche fatídica y las sospechas de siempre

Otoño salió de su casa el 23 de octubre de 2006, tenía 16 años cuando fue secuestrada en el camino de regreso a su vivienda, ubicada en una zona rural de Fernández Oro. Su cuerpo apareció meses después en el canal de El 30.

Las pericias forenses y la autopsia del cuerpo permitieron identificar que Otoño fue asesinada pocos días después del secuestro, fue enterrada en un lugar que no se especificó y luego fue arrojada al agua, con el objetivo de que la usina deteriore el cuerpo.

Los cuatro sospechosos aparecieron en el radar de los investigadores, pero para la familia y allegados no habrían actuado solos.

Tras el juicio que condenó a los acusados, si bien se mostraron conformes con la resolución, la Asamblea Autoconvocada por la Memoria de Otoño Uriarte junto a Roberto reclamaron que había que indagar con mayor ahínco en la pista del secuestro para someter a la niña a una red de trata con fines de explotación sexual, con la “necesaria participación de agentes policiales”. Sin embargo, esta línea de investigación nunca fue explorada y tampoco se avanzó en el posible vínculo de los imputados con las redes de tráfico de mujeres ni uniformados.