Empleada del INTA denunció por abuso a un compañero y acordó una reparación económica

Una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Bariloche acusó a un compañero de trabajo por abuso sexual.

La denuncia la realizó en la Fiscalía N.º 5 de la Justicia provincial, donde declararon su incompetencia y remitieron el expediente al fuero Federal, que terminó tramitando la causa.

En su relato, la mujer dijo que los hechos ocurrieron la mañana del 16 de mayo de 2022 en el “laboratorio de pastizales” del organismo nacional, donde habían sido enviados para “moler unas muestras”.

Sostuvo que cuando llegó al lugar ya se encontraba el hombre, identificado como Héctor Sandoval y de 55 años de edad, quien debía enseñarle a usar el molino para realizar la tarea. Precisó que estaban solo ellos dos en el establecimiento, y que comenzaron a realizar la labor encomendada, pero que mientras le explicaba el funcionamiento de la herramienta, comenzó a “tocarle la cintura y apoyarle los genitales por detrás”.

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Pero no frenó su acometida sino que, aseguró la víctima, la arrinconó contra la pared y trató de besarla, y le manifestó “¿Queres tener sexo conmigo?, ¿Querés que pasemos ratos lindos juntos”, a lo que ella respondió que no.

Sin embargo tampoco fue suficiente el rechazo, porque le insistió “solicitándole que aunque sea le diera un beso de despedida, pedido al que ella también se negó”.

Encima, agregó, la responsabilizó a ella de un supuesto intento de seducción, porque aseveró que “se le había insinuado moviendo la cola”. Después se retiró del laboratorio.

El hombre fue imputado por el delito de “abuso sexual simple” y fue a juicio, que se realizó el 28 del mes pasado en la sede del Tribunal Oral Federal de General Roca.

Solución pacificadora

La audiencia fue conducida por el juez Simón Bracco con la intervención de los abogados defensores Estanislao Cazaux y Pablo Calello y los fiscales María Frezzini y Diego Paolini, quienes informaron que luego de arduas tratativas habían acordado una salida alternativa del conflicto mediante una “reparación integral del perjuicio”, consistente en un pago de 3 millones de pesos a la vícti,a en seis cuotas consecutivas de $500 mil.

Desde la Fiscalía se destacó que se trataba de una “solución pacificadora” consensuada entre las partes y con el aval de la mujerr, al entender que se trató de litigio “de baja intensidad”. Se valoró que es una alternativa que se encuentra contemplada en el Código Procesal Penal Federal, que “insta a procurar la solución de conflictos con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

Además resaltaron que la medida “evitaría la revictimización que implicaría someter a la damnificada, por ejemplo, a brindar una declaración en el marco de un debate”.

Se precisó en este aspecto que la reparación integral del daño fue introducida en el Código Penal por la ley 27.147, que contiene “nuevos métodos de resolución de conflictos”.

Proceso de "diálogo y negociación"

El juez Braco aceptó la propuesta y los fundamentos expresados por la Fiscalía y la Defensa.

“Estos procesos se adaptan particularmente a situaciones en que las partes participan de manera voluntaria y en que cada una de ellas tiene la posibilidad de comprometerse completamente y de manera segura en un proceso de diálogo y negociación”, expresó.

Agregó que, con ese objetivo, “se deben interpretarse las nuevas cláusulas de extinción de la acción penal y así otorgar preeminencia para su procedencia al interés de la víctima, siempre dentro de un marco de razonabilidad, pues es sobre su rol en el proceso penal que se irguieron las nuevas reformas”.

Aclaró que actuar en contrario sería “desoír su voluntad y someterla en su caso al desarrollo de un debate” lo que implicaría “un riesgo latente de victimización secundaria, pues implica forzarla a una nueva confrontación o examen que puede reactivar la memoria del hecho victimizante o generar su exposición frente a declaraciones ajenas o propia”.

En el fallo, el magistrado resolvió homologar el acuerdo con la “reparación integral del perjuicio” que estableció el desembolso de 3 millones de pesos en seis cuotas mensales y consecutivas de 500 mil. Una vez cancelado el compromiso económico se procederá a declarar extinguida la acción penel y el hombre podrá ser sobreseído.