De diez delitos que tramitó la Justicia rionegrina, cuatro fueron contra la propiedad
Un trabajo del Poder Judicial muestra los delitos más frecuentes cometidos el año pasado. Robos, hurtos y estafas aparecen en primer lugar.
En la sede judicial de Viedma se realizaba la audiencia de formulación de cargos al docente de San Antonio acusado de abuso de menores.
El Poder Judicial rionegrino informó que, durante el año pasado, las Oficinas Judiciales Penales recibieron 5.835 legajos, entre requerimientos del Ministerio Público, exhortos y solicitudes administrativas.
En un trabajo estadístico difundido recientemente, precisaron que de cada diez delitos que ingresan al proceso penal provincial, cuatro son contra la propiedad. Le siguen los atentados contra las personas, contra la administración pública, la libertad y la integridad sexual.
Te puede interesar...
En total a lo largo de 2023, los jueces y juezas penales de toda la provincia hicieron 14.716 audiencias. Los delitos contra la propiedad incluyen los hurtos, robos, estafas y daños materiales, entre otros.
En la categoría delitos contra las personas se encuentran todos los tipos de homicidios (culposos, dolosos, con agravantes y atenuantes), las lesiones, el abuso de armas y el abandono de personas.
La categoría de delitos contra la administración pública incluye el atentado y resistencia a la autoridad, falsas denuncias, falso testimonio, el encubrimiento y la desobediencia a una orden judicial que, entre otros legajos, se aplica ante el incumplimiento de medidas cautelares en violencia de género. Los delitos contra la libertad incluyen, entre otros, la privación ilegítima.
Y los delitos contra la integridad sexual contemplan los abusos con o sin acceso carnal, la corrupción de menores, la facilitación a la prostitución y las exhibiciones obscenas. En números, de los 5.835 legajos ingresados durante 2023, 5.362 fueron por delitos, el resto son trámites administrativos. Se registró un aumento del 12 por ciento en relación con los 5.202 legajos ingresados en el mismo período del año 2022.
Existe una clara preponderancia de los delitos contra la propiedad (40 por ciento), seguida por los delitos contra las personas (15 por ciento), contra la administración pública, la libertad y la integridad sexual (los que representan el 12 por ciento cada uno).
Audiencias y sentencias
En el mismo periodo, las y los jueces penales de la provincia participaron de 14.716 audiencias y dictaron 2.875 sentencias entre condenas, absoluciones y sobreseimientos.
En el 2023 también ingresaron al Tribunal de Impugnación un total de 311 trámites. Se realizaron ante el tribunal provincial 155 audiencias, se dictaron 175 sentencias y se revisaron 115 condenas y absoluciones.
Los datos surgen del informe del Centro de Planificación a partir de las estadísticas elaboradas e informadas por la Dirección General de Oficinas Judiciales Penales.
La información confiable permite un seguimiento específico de las necesidades de cada fuero, optimizar la toma de decisiones y planificar las estrategias de mejora.
La celeridad de la Inteligencia Artificial
El fuero Contencioso Administrativo canaliza las demandas en las que el Estado es parte. Estaba previsto en la Constitución desde la reforma de 1994 y el Poder Judicial lo implementó de manera paulatina. Actualmente, funcionan Unidades Contencioso Administrativas en Viedma, Roca y Cipolletti. La de Bariloche está en proceso de implementación con concurso de cargos ante el Consejo de la Magistratura.
Gran parte de los expedientes que tramita el fuero son ejecuciones fiscales. En función de esa estadística, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aplicó un plan de trabajo con la Agencia de Recaudación Tributaria que emite los certificados de deuda.
En ese contexto el Comité de Informatización del Poder Judicial impulsó un desarrollo propio para la aplicación de la Inteligencia Artificial en los procesos monitorios que representan casi la mitad de las causas de los fueros Civiles y Contencioso Administrativo.
Así la Gerencia de Sistemas progresó en el proceso de automatización de las ejecuciones fiscales. Según se explicó, cada vez que se cargue un demandado el sistema verifica si existe un proceso universal, que puede ser una quiebra o una sucesión, en el que esa persona es parte. En un segundo momento se valida el título ejecutivo y, finalmente, el desarrollo ofrecerá a las y los jueces toda la información para la elaboración de una sentencia monitoria.
Se trata de una herramienta que dota de celeridad al proceso, pero siempre se preserva el rol del juez que es en definitiva el que adopta la decisión. Se utiliza para procesos estandarizados, repetitivos, en los que la Inteligencia Artificial permite sustituir un control formal que antes hacía un empleado o empleada, con un mayor grado de certeza o menor posibilidades de error. Las sentencias continúan siendo fundadas y eso queda en manos de jueces y juezas.
La aplicación efectiva de IA comenzó el 24 de agosto de 2023. Según las estadísticas, antes de esa fecha se registraba un promedio de 6,5 días hábiles por expediente hasta llegar a una sentencia de ejecución fiscal. Con IA, el plazo se redujo a 2,86 días hábiles desde que se interpone la demanda hasta el fallo. En una segunda etapa, el Poder Judicial invitó a los municipios a trabajar en sus sistemas para emitir un certificado de deuda estandarizado. Las localidades que avancen podrán ejecutar, al igual que la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia, en plazos notablemente cortos.
Leé más
Polémica en Río Negro: buscan endurecer penas y negar salidas a condenados por delitos graves
Saltó una reja para robar en una casa y no llegó lejos: lo cazaron tras una persecución
Femicidio de Silvia Cabañares: definen la situación del único imputado
Noticias relacionadas
Lo más leído
