Crimen de Julián Dobra: autorizan libertad ambulatoria para uno de los imputados del aberrante asesinato

Este mediodía, la Justicia resolvió conceder la libertad ambulatoria a uno de los imputados como partícipe necesario en feroz crimen de Julián Dobra De La Canal, el joven asesinado en General Roca hace poco más de tres meses. La medida fue adoptada tras un pedido de la defensa penal pública y con el aval tanto de la querella como de la fiscalía.

El juez de Garantías que interviene en la causa autorizó que el hombre sea monitoreado mediante una tobillera electrónica y dispuso estrictas condiciones: no podrá salir del ejido urbano de General Roca, deberá presentarse semanalmente ante la fiscalía, fijar domicilio, abstenerse de salir del país y mantener absoluta prohibición de contacto con la familia de la víctima.

Argumentos y medidas en curso

Durante la audiencia, la defensora penal justificó el pedido al señalar que “los riesgos procesales, específicamente el de fuga, podrían estar vigentes”, pero propuso sustituir la prisión preventiva por el monitoreo mientras avanzan nuevas diligencias.

Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó que esta decisión no implica un cambio en la situación procesal del imputado, ya que aún resta incorporar elementos clave a la investigación. Entre ellos, se aguardan informes técnicos de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General y del Laboratorio de Genética Forense con sede en Bariloche.

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La investigación por el crimen de Dobra De La Canal continúa en desarrollo, con medidas pendientes que podrían aportar pruebas fundamentales para el esclarecimiento del hecho.

El caso

Julián Tomás Dobra, un joven de 32 años oriundo de General Roca, fue hallado sin vida el 1 de mayo en cercanías de la Defensa Catini, al norte de esa ciudad. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema, incluyendo impactos de bala en la cabeza. Ese mismo día, su automóvil apareció incendiado en la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de un intento por borrar evidencias. Por el caso, cinco personas fueron imputadas: tres adultos y dos menores, todos varones.

La fiscalía formuló cargos por homicidio agravado, y el juez de garantías dictó prisión preventiva por cuatro meses para los acusados. No obstante, los dos menores recibieron arresto domiciliario con tobillera electrónica. En los allanamientos se secuestró un revólver calibre 22, el cual podría haber sido utilizado en el crimen. La autopsia confirmó que el disparo letal fue efectuado a corta distancia y que el proyectil quedó alojado en el cráneo debido a la baja potencia del arma.

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La investigación sigue abierta con múltiples pericias pendientes: se analiza el ADN en el auto quemado, se espera una segunda pericia sobre el cuerpo, y se revisan celulares secuestrados en la OITEL de Viedma.