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Pedirán 10 años sin desalojos de barrios populares en el país

La dirigencia de la Mesa Nacional que integra la cipoleña Lilia Calderón, se reunirá con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, a quien le solicitarán reformas a la ley 27453. Preocupa por lo que podría ser un "estallido" social.

Los movimientos sociales y territoriales de Cipolletti estarán representados en una reunión que se está planificando con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio "Juanchi" Zabaleta. En el encuentro, la dirigencia de las organizaciones le planteará al funcionario la necesidad de que se suspendan por 10 años los desalojos de los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

No se descarta que en las conversaciones se planteen respuestas a la acuciante realidad socioeconómica del país y al grave impacto que está teniendo en los sectores más carenciados de la población. Es que, según algunos referentes, la situación es ya tan apremiante que "está por reventar", de lo que sería una muestra palpable a diario la infinidad de protestas y cortes de ruta en la región, en la ciudad de Buenos Aires y en diversas provincias.

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La reunión con Juanchi Zabaleta la está preparando la titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), Fernanda Miño, con quien se reunieron este jueves integrantes de la Mesa Nacional de Barrios Populares, organización que integra por la ciudad y la región la referente local Lilia Calderón.

En el encuentro con la funcionaria, estuvo representado también el barrio Huiliches de Neuquén, que recientemente sufrió un intento de desalojo, pese a formar parte del Renabap. La situación generó alarma en la Mesa Nacional, puesto que hay otros casos en el país de vulneración de la ley nacional 27453 sobre barrios populares, sancionada en 2018. En esa normativa, consta en forma expresa que durante cuatro años no se pueden producir desalojos, un plazo que vence en octubre, por lo que está en plena vigencia.

Pero queda poco, solo unos meses, para que caduque la prohibición. Por eso, el pedido de una prórroga de la disposición será uno de los temas centrales que la dirigencia social y territorial le planteará a Zabaleta cuando se concrete la reunión que se está planteando. También le requerirán el cumplimiento de otros temas relacionados con la ley, entre ellos, que los gobiernos municipales y provinciales y las prestatarias de servicios reconozcan y respeten la normativa, en particular, el Certificado de Vivienda Familiar del Renabap. Además, le pedirán que se oficialice la incorporación de más barrios a los beneficios de la legislación.

Así lo dio a conocer el jueves Lilia Calderón, que participó de la reunión del miércoles con la funcionaria Fernanda Miño. La dirigente resaltó lo trascendente que resultaría para las barriadas populares que se suspendan por 10 años los desalojos.

Igualmente, la referente del Foro por la Tierra y la Vivienda manifestó que seguramente se abordará en el diálogo con Zabaleta la delicada situación económica y social que viven los sectores más empobrecidos del país.

Advirtió que, en su opinión, se estaría cerca de "un estallido" en la sociedad, de lo que dan cuenta las incesantes protestas, movilizaciones y cortes de calles y rutas que se observan en el país. Pareciera que la realidad "está por reventar", expresó.

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