La jueza María Servini investigará a Javier Milei por la cripto $LIBRA
Hasta el momento ya son más de un centenar las denuncias recibidas contra el presidente, tras la recomendación del token el pasado viernes.
La jueza federal María Servini quedó a cargo este lunes por sorteo de las denuncias presentadas contra el presidente Javier Milei por la promoción en Twitter de la criptomoneda $LIBRA.
Así se determinó en el citado sorteo luego de denuncias contra Milei por supuesta estafa y asociación ilícita al promocionar en sus redes sociales la citada cripto que sumó capital e inmediatamente se desplomó.
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La Justicia Federal había recibido hasta este domingo, 112 denuncias penales contra el presidente Javier Milei por la promoción en redes sociales de la criptomoneda $LIBRA.
Según fuentes judiciales, 111 presentaciones se realizaron de manera digital en distintos juzgados, mientras que una denuncia fue interpuesta presencialmente en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, y quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan.
El caso se originó este viernes por la noche, cuando el presidente Milei publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que promocionaba el token $LIBRA. Tras el posteo, la criptomoneda tuvo un aumento abrupto y posteriormente una caída estrepitosa en su cotización.
Ante este movimiento, el mandatario eliminó la publicación y se desligó del proyecto, argumentando que no estaba al tanto de sus detalles y que decidió dejar de difundirlo tras obtener más información. Sin embargo, el caso generó presentaciones judiciales y un debate sobre las implicancias legales y responsabilidades del mandatario.
Se trata de un delito o no
El análisis jurídico del caso no es unánime. Algunos especialistas, como Jorge Grispo y Miguel Nathan Licht, sostienen que la publicación de Milei en redes sociales no constituye un delito, dado que la libertad de expresión ampara su derecho a opinar sobre un proyecto privado sin que ello implique una infracción penal.
En cambio, otros juristas, como Daniel Kiper, advierten que la promoción de un activo financiero con potencial impacto económico podría configurar una conducta delictiva si se demuestra un engaño deliberado.
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