Megabanda: alertan que los acusados pueden huir
El fiscal y la querella buscan que Gerez y Forno no se vayan a sus casas.
Mientras se habilitan las tobilleras electrónicas para José “Chiqui” Forno y Sandro Gerez Dervez, los acusadores no descansan y preparan una batería de recursos para impedir su liberación. Como lo expusieron en una audiencia, hay un gran temor de que si logran el beneficio de la prisión domiciliaria se fuguen y no puedan ser llevados a juicio por una seguidilla de robos a empresas y familias de la región.
Más allá de lo resuelto esta semana por el juez Álvaro Meynet, quien convalidó una decisión anterior de su par Julio Sueldo, la fiscalía y la querella están ultimando los detalles de una serie de presentaciones que realizarán en los próximos días y que tienen el principal objetivo de impedir que Forno y Gerez se vayan a sus casas. Consultado sobre el tema, el abogado particular de las familias que fueron víctimas de violentas entraderas, Iván Chelía, fue claro y aseguró que “quedan tres instancias”. De esta forma, junto con los fiscales Santiago Márquez Gauna, Guillermo Merlo y Gustavo Herrera piensan redoblar los esfuerzos con el fin de arribar al juicio oral con Forno y Gerez tras las rejas.
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A pesar de la resolución a favor de Meynet, los detenidos todavía no se pudieron ir a sus domicilios porque se tuvo que hacer el pedido correspondiente de las tobilleras a la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME), dependiente del Ministerio de Seguridad provincial. Mientras tanto, siguen alojados en el Establecimiento de Ejecución Penal 5.
Chelía remarcó que, en las audiencias donde reiterarán su negativa a la prisión domiciliaria, expondrán múltiples argumentos haciendo hincapié en el peligro de fuga.
Durante la última audiencia, el fiscal Márquez Gauna planteó una posible huida a Chile y explicó que “en caso de lograr ingresar a dicho país limítrofe sería sumamente dificultoso garantizar la realización del juicio”.
--> Una veintena de robos y asaltos
La denominada megabanda está sospechada de protagonizar casi una veintena de hechos entre el 2015 y 2016. Hay 17 imputados, que protagonizaron una frustrada audiencia de control de acusación y que era el trámite previo al juicio oral.
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