Marcharon contra la Justicia y Tortoriello

El Frente Popular Darío Santillán volvió a marchar por las calles de la ciudad para repudiar la criminalización de la protesta. Ayer estaban programadas tres indagatorias, aunque fueron postergadas para septiembre.

Los manifestantes salieron desde la plaza San Martín pasadas las 9 y recorrieron el centro de Cipolletti, pasando por el edificio municipal de calle Yrigoyen. Luego se dirigieron a la Fiscalía, en la esquina de España y Urquiza, para acompañar a las tres personas procesadas judicialmente por protestar, ya que estaban previsto que les tomen declaración indagatoria.

“Cuando llegaron los compañeros para prestar declaración indagatoria, nos informaron que se habían suspendido y las postergaron para la primera semana de septiembre porque la jueza Sonia Martín se había tomado licencia”, cuestionó Sabino López, referente del FPDS.

El dirigente social recordó que es la segunda reprogramación que sufren, y que ahora las nuevas fechas pautadas serán el 6 y 8 de septiembre, aunque pidieron que se realicen todas el mismo día. “El delito por el que se acusó a tres compañeros de la organización es el de coacción agravada luego de manifestarse para exigir el cumplimiento del Municipio para la entrega de los módulos alimentarios a los comedores comunitarios de los barrios”, expresó López.

Tras la protesta, pidieron un encuentro con el fiscal Martín Pezzetta, quien lleva adelante la investigación, a la que accedieron. Les permitieron ingresar junto a la abogada y al diputado provincial por Neuquén Raúl Godoy. “En el encuentro le pudimos expresar nuestra preocupación porque creemos que la Justicia está acompañando las decisiones del Gobierno al otorgarles curso a todas las acciones penales presentadas contra los manifestantes. Además, estas denuncias no tienen peso ni fundamentos, ya que son protestas comunes en la que argumentan daños a inmuebles, escrituras y hasta personal asustado, todas cuestiones que si el fiscal no estaría interesado en darle curso no se llegaría a estas instancias”, cuestionó López.

Causa judicial
Los hechos que se les imputan

Los delitos que se les imputan a los trabajadores de comedores comunitarios, que a su vez integran el Frente Popular Darío Santillán, son de coacción agravada y amenazas a funcionarios públicos, luego de protagonizar protestas en las que exigían la provisión de alimentos para los centros en los que trabajan. Uno de los episodios ocurrió el día de furia del intendente Aníbal Tortoriello, quien discutió vehementemente con vecinos de un barrio de Las Perlas. El otro de los hechos sucedió a los pocos días, cuando los manifestantes realizaron un piquete frente a la empresa familiar del jefe comunal, impidiendo el ingreso y egreso de camiones. Luego de estas movilizaciones, siete de los integrantes del FPDS fueron llamados a indagatoria por la Justicia. Esta situación generó un gran revuelo, tanto es así que incluso trascendió las fronteras de la ciudad, llegando incluso a realizarse ayer una movilización hasta la Casa de Río Negro, en Buenos Aires.