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Maciel: un atentado mortal que pasó a la impunidad

Se cumplieron nueve años del crimen del trabajador municipal.

Gustavo Arroyo

arroyog@lmneuquen.com.ar

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“No me olviden”, dice el modesto monolito ubicado frente a la Escuela de Policía de Cipolletti, en calle Fernández Oro. Se trata del recordatorio del trágico episodio en el que murió el trabajador municipal José Domingo Maciel, quien pretendía recoger una bolsa de basura y se encontró con un potente explosivo.

El hecho se hizo conocido como “el atentado a la Escuela de Cadetes cipoleña”, aunque las únicas víctimas fueron Maciel y su familia, que desanduvo sin descanso los pasillos tribunalicios de las justicias ordinaria y federal pero nunca recibió una respuesta concreta sobre los asesinos del hombre que formaba parte del servicio de limpieza urbana. “Lo tomaron como que no era nadie pero era una persona, ¿qué valor le dan a la vida? Me partieron el alma cuando me dijeron que cerraron la causa”, se quejó oportunamente Mariana, una de sus hijas.

Y el malestar de la esposa, los hijos y los nietos de Maciel tuvo sus razones valederas ante las múltiples vueltas que protagonizaron los funcionarios judiciales para avanzar en la investigación. En un primer momento, un ex juzgado de instrucción de Cipolletti se hizo cargo de las primeras pesquisas, con un resultado muy pobre en cuanto a identificación de posibles sospechosos. De igual modo, la familia de la víctima tenía esperanzas de que se haga justicia.

La confianza en los fiscales y jueces de la Cuarta Circunscripción duró un suspiro y, de manera repentina, los allegados a Maciel tomaron conocimiento de que se declaraban incompetentes y que el viejo expediente en papel y cosido con hilo pasaba a manos del juzgado federal de General Roca.

Pasó mucho tiempo en el medio y la ilusión que podían generar la intervención de investigadores de fuerzas como la Policía Federal o Gendarmería Nacional no estuvo acompañada por un trabajo fecundo de los fiscales y jueces con asiento en Roca, que empezaron a escudarse con un argumento remanido: “Esta causa se heredó, no estuvo a cargo de este juzgado”.

Hace poco más de un año se reavivó el caso con la aparición de un supuesto testigo. Sin embargo, sus dichos no lograron convencer a los responsables de la investigación y la causa por el delito de homicidio de Maciel volvió al archivo judicial de la impunidad.

Una familia sin respuestas

El salvaje asesinato de José Domingo Maciel ocurrió el 13 de julio de 2010, cuando cumplía funciones de recolección de residuos y limpieza urbana.

El vecino cipoleño formaba parte de una familia numerosa, que vivió con mucho dolor su partida y que recién dos años después del hecho pudo tener acceso al expediente y los detalles de la investigación. En la Justicia federal solo consiguieron el apoyo de la defensora oficial Gabriela Labat, quien se encargó de hacer las gestiones para que tuvieran acceso a la causa. A esa altura, el expediente ya había pasado por las manos de Santiago Inchausti, Sebastián Otranto, Rafaella Riccono y Jorge García Davini, entre otros funcionarios.

6 meses estuvo la causa en manos de la Justicia local.

La declaración de incompetencia en Cipolletti fue firmada por la fiscal Silvana García y la magistrada subrogante del ex juzgado de Instrucción 2 Sonia Martín. En el caso también había intervenido el ex juez Gustavo Herrera. Después, Santiago Inchausti fue el primer juez federal que analizó el hecho.

El comerciante Alonso fue baleado frente a su casa, en calle Uspallata.

Dos asesinatos de tinte mafioso siguen lejos de su esclarecimiento

Dos violentos asesinatos de tinte mafioso ocurridos en esta ciudad permanecen impunes y, hasta el momento, no registran avances importantes.

Uno de los hechos ocurrió muy cerca del centro, en calles Uspallata y O’Higgins, donde fue baleado a quemarropa el comerciante Alberto Benjamín Alonso. El vecino era conocido porque vendía autos y administró una serie de autoparques. En circunstancias poco claras y de acuerdo con la investigación primigenia, fue atacado a balazos frente a su casa por un hombre que se movilizaba en bicicleta.

El incidente se desarrolló alrededor de las 20 del 26 de septiembre del año pasado y Alonso quedó gravemente herido. Luego de varios días de agonía, murió en el hospital Pedro Moguillansky.

Más allá de los esfuerzos de la fiscalía local, no hubo detenidos y solo habría sospechas de los posibles motivos del mortal ataque, aunque no derivaron en detenciones.

El otro hecho violento todavía sin esclarecer tuvo lugar en febrero y se especula que habría ocurrido en el límite con Cinco Saltos. Las sospechas tienen relación con el sitio donde se encontró a la víctima: el canal de El 30. La autopsia reveló que el hombre fue baleado en la cabeza y arrojado al curso de agua.

Tampoco hubo detenidos por el homicidio y, de acuerdo con fuentes allegadas a la causa, se había logrado avanzar en determinadas líneas investigativas.

La víctima fue identificada como Juan Marcelo Gareca, de 29 años, con domicilio en la localidad neuquina de San Patricio del Chañar.

Tanto la investigación por el homicidio de Alonso como la del crimen de Gareca están en manos de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.

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