La causa penal que arrancó en diciembre del año pasado tuvo idas y venidas en relación con el conjunto de los involucrados, con pruebas que los complicaron y acciones de la defensa particular que los beneficiaron. En un primer momento, Pablo Montecino y Pedro Hernández, junto con Juan Carlos Torres y Cristian Hernández, fueron detenidos, pero con el transcurso del tiempo recuperaron la libertad y en algunos casos se dispuso que fueran monitoreados con tobilleras electrónicas.
Además de los tironeos por la probabilidad de un acuerdo con las víctimas, hubo diferencias iniciales entre la fiscalía y la defensa por la figura de la asociación ilícita, o sea que los Montecino lideraban una presunta banda delictiva dedicada a estafar con autos robados y defectuosos.
De igual modo, en los últimos meses, la disputa entre el fiscal Guillermo Merlo, y el defensor particular de los acusados, Juan Vincenty, se concentró en el ofrecimiento millonario de un acuerdo a las víctimas. Según fuentes allegadas a la causa, algunas personas no vieron con malos ojos esa alternativa y la preferían a un proceso que se desconoce cómo terminará.
Las voces contrarias al beneficio no tardaron en llegar y en forma sorpresiva, el propio procurador general de la provincia, Jorge Crespo, emitió un comunicado del Ministerio Público donde fijaba una postura muy dura y que negaba la posibilidad de acuerdos con personas que tenían antecedentes por hechos similares a los imputados.
En tanto, la defensa y los propios acusados buscaron un acercamiento con las víctimas y la oferta concreta de un resarcimiento por los autos que presentaban problemas en la documentación o que habían ido a parar a algún taller. Los esfuerzos fueron en vano y los Montecino serán juzgados.
Según fuentes allegadas a la causa, algunas víctimas no veían con malos ojos un posible acuerdo. Ahora deberán hacer su aporte como testigos.
Más de una decena de víctimas de los engaños
Los Montecino, en el juicio oral, deberán responder por más de una decena de hechos de características similares, donde vecinos de la ciudad y la región denunciaron la compra de vehículos y posteriores problemas con la documentación o marcados defectos mecánicos. Asimismo, se encargaron de destacar que habían pagado los montos acordados con los vendedores.
Ante las presentaciones en la Policía y la Justicia, la fiscalía cipoleña resolvió realizar una serie de allanamientos en autoparques y propiedades particulares y no sólo avanzó con las detenciones de los sospechosos, sino que secuestró documentación, vehículos y una suma cercana al millón de pesos.
Ayer, en la audiencia que definió la continuación del proceso en forma normal, el juez recordó lo que plantea el nuevo Código Procesal Penal en materia del denominado “criterio de oportunidad”. En este caso, la voz en contrario de la fiscalía impedía un acuerdo con la defensa.
En los próximos meses se estará desarrollando el debate.
