Las familias de Tres Luces le dan pelea a la nueva ruta

“No sabemos qué hacer. Espero que mañana -por hoy- no me encuentre con la fuerza pública en la puerta de mi casa”, dijo muy angustiada Valeria Fernández. La vecina reclamó que el desalojo que recae sobre su familia y la de Burgos no prospere.

El juez federal Hugo Horacio Greca ordenó el 3 de agosto que se corran de ahí y liberen la zona para que avance la obra de la Ruta 22, pero para estas familias fue una sorpresa. Recién se enteraron el lunes, cuando el defensor de menores los anotició de que los plazos procesales estaban por cumplirse. Rápidamente, apelaron la medida. “Si no nos presentábamos, el fallo quedaba firme”, acotó Fernández.

Con la apelación, ganaron un poco de tiempo, pero la incertidumbre de no saber realmente qué pasará con ellos, a dónde irán a vivir y en qué condiciones les genera una enorme preocupación, y no es para menos. “Queremos que el fallo no quede firme y nos den la oportunidad de defendernos”, expresó Fernández.

“Si bien somos los primeros perjudicados con la ampliación de la ruta, seremos muchos los cipoleños que nos quedaremos aislados en María Elvira y Tres Luces”. Valeria Fernández Vecina de Tres Luces que recibió la orden de desalojo

Es que de prosperar la orden, no tienen más que dos parcelas cedidas por el Municipio y hay menores de por medio que ya están sufriendo. “Mi nena pregunta si van a venir las máquinas cuando nosotros no estemos; y mi vecinito, que tiene 10 años, dice que los va a sacar a toscazos”, lamentó la ex concejal integrante del Movimiento Patagónico Popular.

“Con qué necesidad nos hacen pasar por esto, la situación es muy angustiante. Se suponía que había que esperar a la audiencia pública del 31 de agosto; y si bien somos los primeros perjudicados con la ampliación de la ruta, seremos muchos los cipoleños que nos quedaremos aislados en María Elvira y Tres Luces”, advirtió.

En abril de 2012 arrancaron las negociaciones con Vialidad Nacional por la ampliación de la Ruta 22. Entonces no se opusieron a abandonar sus casas a cambio de tener techo en otro lado. Los terrenos fueron cedidos por el Municipio, pero el acuerdo con el IPPV para tener una vivienda no prosperó y ahora, si se tienen que ir, no tienen a dónde.

Compromiso de Tortoriello

Ellos no están dispuestos a pagar una casa, porque ya construyeron una y los obligan a dejarla. Ayer fueron a hablar con el intendente Aníbal Tortoriello para que frene el desalojo. De la reunión también participaron los directores del área de Legales, y en esas circunstancias, el jefe comunal se comprometió a gestionar una alternativa.

En diálogo con LM Cipolletti, el intendente dijo que se comunicaron con el diputado nacional Sergio Wisky, con el fin de que interceda ante Vialidad Nacional para parar esta medida de desalojo y pensar en otra solución que les facilite a estas familias una vivienda.

“Vamos a tomar contacto con el abogado de Vialidad Nacional para hacer un impasse en el desalojo. Los vecinos presentaron una apelación y esto nos da tiempo para buscar una alternativa”, expresó Tortoriello.

Las familias en problemas viven allí hace muchos años, nada menos que 50 en el caso de los Burgos. Se hicieron sus casas a orillas del canal porque los hombres trabajaban en las chacras de la zona. Nunca imaginaron que un día la ruta iba a pasar por ahí y tendrían que ser desalojados.

Sin solución

Los quieren sacar de ahí cuanto antes, pero por ahora no tienen dónde ubicarlos

El juez quiere que se vayan. El juez Hugo Greca ordenó el desalojo de dos familias del barrio Tres Luces para que la obra de ensanchamiento y elevación de la Ruta 22 pueda continuar en ese sector de la ciudad.

Se quedan en la calle. Los vecinos se enteraron varios días después de la decisión del magistrado e inmediatamente la apelaron. El Municipio les cedió un terreno, pero no tienen casa en la que vivir.