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"La ley de la economía del conocimiento elevará el producto nacional"

La diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro, Graciela Landriscini, manifestó su aprobación a la nueva Ley de Promoción en la Argentina (Ley 27.506)

La diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro, Graciela Landriscini, manifestó su aprobación a la nueva Ley de Promoción en la Argentina (Ley 27.506). La misma propone democratizar las nuevas tecnologías, tanto del lado de la innovación de software y servicios informáticos, como en el acceso al trabajo y la conectividad con fines industriales y de mejoramiento de las capacidades tecnológicas de las empresas, los sectores productivos, la educación y la salud.

Se trata de una norma que apunta a un sector de un gran dinamismo que, gracias a la Ley de Software, sancionada en 2004, viene multiplicando los puestos laborales, con un salario promedio por encima de la media nacional. Además, se ubica en el tercer lugar en el ranking de exportaciones del país.

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Para la representante de Río Negro en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, el camino trazado desde la mencionada Ley de Promoción del Software fue esencial para el desarrollo informático en el país, combinando intereses públicos y privados, y el trabajo y la formación en universidades y centros de investigación.

Respecto a la nueva legislación, Landriscini señaló que permitirá nuevas inversiones en complejos de recursos naturales, en áreas del conocimiento, en la logística y el comercio. “Es la clave de la época para combinar trabajo calificado, aprendizaje tecnológico y mejoras de productividad. Hoy es un sector potente en varias ciudades argentinas en la producción de nuevo conocimiento. Ahora llegó el momento de extenderla a todos los sectores productivos y de servicios en el territorio nacional”, remarcó.

Hasta el momento, 480 empresas solicitaron su adhesión a los beneficios fiscales, lo que significará un importe indirecto del Estado estimado en 9500 millones de pesos por año. Esa cifra, sin embargo, podría duplicarse si -tal como se prevé- se suman 400 empresas más. La nueva ley estipula reducciones en las cargas patronales, el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Pero uno de los principales logros que se alcanzarán a través de esta ley es que los beneficios se distribuirán con una mirada federal; no como ocurre hasta el día de hoy, que el 71% de las empresas beneficiadas son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10,4 por ciento de la provincia de Buenos Aires, el 8,4% de Córdoba, el 6,7 por ciento de Santa Fe y el 3,5% del resto del país. Además, en la actualidad, el 50 por ciento de los beneficios se concentran tan solo en 10 empresas.

A la hora de la confección de esta ley, se mantuvieron conversaciones con las cámaras del sector, tanto con las de software como con Argencon, la Cámara Argentina de Biotecnología, la Fundación Argentina de Nanotecnología y la Cámara de Actividades Espaciales.

“La biotecnología, la nanotecnología, la robótica, la automatización y el control abren nuevos caminos de la mano del diseño de modelos y aplicaciones. Argentina debe promover estos desarrollos para la recuperación de su economía y la generación de empleos de calidad”, destacó la diputada nacional.

Esta norma, al igual que las políticas que viene llevando a cabo el Poder Ejecutivo, tienen como objetivo central una distribución más equitativa de recursos y favorecer a los que, por regla general, siempre son los más postergados.

¿Qué sectores son alcanzados por la ley?

El régimen sancionado por el Congreso de la Nación durará hasta el 31 de diciembre del 2029. Los servicios profesionales alcanzados serán: (1) software y servicios informáticos y digitales; (2) producción y postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital; (3) biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; (4) servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones; (5) servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación, cuando se trate de servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal, servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos; servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias; diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial y diseño interactivo; y servicios arquitectónicos y de ingeniería; (6) Nanotecnología y nanociencia; (7) industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales; (8) ingeniería para la industria nuclear; (9) fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, exclusivamente caracterizados por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual; y (10) actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.

Algunos detalles de la nueva legislación

Podrán acceder al régimen las personas jurídicas dedicadas a estos rubros que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Será condición que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas.

Las empresas que deseen acceder al régimen deberán cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes. En el caso de las micro empresas con menos de tres años de antigüedad, solo deberán acreditar que desarrollan en el país al menos una de las actividades promovidas.

Las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al valor del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

Otro de los beneficios de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

Se crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), que se conformará como un fideicomiso. Su objetivo será financiar actividades de capacitación y formación, apoyar inversiones productivas, financiar capital de trabajo, promover el desarrollo de empresas “ambientalmente sustentables”, fomentar la inserción comercial internacional de las empresas, las actividades de innovación productiva y nuevos emprendimientos.

Por último, en las cláusulas transitorias se flexibilizan los requisitos de inscripción si ésta se solicita durante la emergencia sanitaria por la pandemia.

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