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La Fiscalía respalda el reclamo de una paciente oncológica a su prepaga

El Procurador de Río Negro dictaminó que el Superior Tribunal debe ratificar la sentencia que obliga a cubrir el tratamiento y estudios oncológicos a una vecina de Cipolletti.

Una empresa de medicina prepaga se opone a cubrir un estudio que busca determinar si una mujer necesita quimioterapia en el marco del análisis realizado por su oncólogo tratante. El Procurador General, Jorge Crespo, consideró que la sentencia de amparo que ordenó a la empresa abonar el tratamiento de forma integral debe ser confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, a mediados de junio una mujer se presentó ante los tribunales de Cipolletti con el patrocinio de un abogado particular, solicitando que se ordene a la empresa de medicina prepaga que abone integralmente el estudio Oncotype DX que había sido solicitado por el médico oncólogo. Al respecto mencionó que el mismo tiene como objetivo determinar la necesidad de realizar un tratamiento de quimioterapia respecto de un tumor presente en sus mamas.

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La negativa de la empresa se debía a que para que la cobertura sea procedente, se debía obtener un valor de un indicador Ki67 mayor al 15%, mientras que en el caso de la paciente era del 12%. Por otro lado, argumentó que el estudio no estaba incluido dentro del Plan Médico Obligatorio Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó la intervención del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, que consideró que la realización del examen era necesaria. Al respecto tuvieron en cuenta que en un plazo de diez años la mujer había tenido tres tumores malignos y que por el marcador Ki-67, el porcentaje se encontraba dentro del rango previsto para que procesa el estudio.

En consecuencia, un juez del fuero civil de Cipolletti falló a favor de la amparista y ordenó que la prepaga se haga cargo de los costos del examen. El fallo fue apelado por la empresa.

Crespo consideró, citando jurisprudencia aplicable al caso que “se debe privilegiar la orden otorgada por el especialista oncólogo que atiende al paciente”. Agregó explicando a lo anterior que “en conflictos de esta naturaleza - entre el médico tratante y la entidad prestadora de salud - corresponde priorizar lo que el médico tratante evalúa con relación a la confiabilidad de lo que indica a fin de optimizar la calidad de vida de quien ha depositado su confianza”.

Respecto del derecho a la salud, expuso que “las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, garantía que se obtura al negarle al actor el acceso al tratamiento aconsejado por su médico tratante”.

En consecuencia, dictaminó que la apelación presentada por la prepaga debía ser rechazada y que el Superior Tribunal de Justicia debía confirmar el fallo de primera instancia. El dictamen no resulta vinculante para el máximo tribunal de la provincia que deberá resolver sobre el caso en las próximas semanas.

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