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Honores: "Los jueces justificaron el asesinato de mi padre"

Honores advirtió que juzgaron la vida privada de su padre y justificaron a la imputada porque era una trabajadora sexual, en situación de gran vulnerabilidad.

Andrea Honores había pedido 25 años de cárcel para la asesina de su padre, Irene Méndez. No esperaba que tres jueces la condenen a 10 años, apenas un poco más que la pena mínima. Mucho menos imaginaba que uno de los magistrados –Julio Martínez Vivot- que votó a favor, en una instancia previa estuvo de acuerdo con la condena a perpetua. Ni puede creer que justifiquen el accionar de la victimaria porque era una mujer sumamente vulnerable, que ejercía la prostitución.

“La sentencia de los jueces justificó un delito, el asesinato de mi padre”, ratificó Andrea.

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Además, consideró que resulta sumamente estigmatizante para todas las personas que viven situaciones de gran vulnerabilidad y no desarrollan ninguna conducta delictiva.

En diálogo con LMCipolletti, adelantó que impugnará la sentencia; y si es necesario, también lo hará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pasado 17 de julio, los jueces Guillermo Bustamante, Julio Martínez Vivot y Agustina Bagniole afirmaron a través de su sentencia que “las circunstancias de vida condicionaron indefectiblemente y sin remedio todas las acciones y decisiones de Méndez, incluso la que tomó al poner fin a la vida de Honores”.

Pero Andrea consideró sumamente estigmatizante pensar de esta manera, para todas las personas que viviendo en situación de vulnerabilidad y sin acceso a la educación pueden construir una vida honesta, sin dañar a nadie.

Los jueces evaluaron el caso con perspectiva de género: Méndez era la mujer que se prostituía y ocupaba el rol de subalterna y económicamente insolvente, mientras que Honores, uno de sus clientes, desempeñaba el rol dominante, de varón proveedor.

Sin embargo, Honores advirtió sobre el estado de indefensión que tenía su padre cuando la mujer lo ultimó de un disparo, en la soledad de su casa.

Los jueces destacaron en su sentencia que Méndez era una mujer sumamente vulnerable que “ejercía la prostitución para lograr su sustento”. Y una vez más Honores puso en tela de juicio el planteo de los jueces.

Reconoció que Méndez estuvo condicionada en su vida, pero mientras permaneció detenida en un penal, recordó que terminó sus estudios y tuvo la oportunidad de entender que podía elegir otro camino.

Esos argumentos, en suma, fueron una trompada para la hija de la víctima, la querellante en esta causa. Tras conocer lo que decían los magistrados, consideró que su padre “una vez más fue asesinado por la sentencia”. Ella sintió de nuevo “el dolor y la impotencia de un sistema judicial que juzgó la vida privada” de su padre.

“Los jueces nos hicieron creer que la víctima tenía la culpa y la victimaria (asesina) era buena”, agregó en una carta muy dura, donde volcó toda la bronca y la angustia que le provocó el polémico fallo.

Para Honores, valoraron el caso con perspectiva de género desde una interpretación absolutamente reduccionista y hasta discriminatoria.

Advirtió que los jueces juzgaron la vida privada de su padre, sin haber cometido éste un delito; y con la misma vara juzgaron a la asesina de su padre.

Interpeló a los jueces para preguntarles si a su padre la arrebataron la vida por relacionarse con trabajadoras sexuales o por haber padecido una enfermedad de trasmisión sexual que ya hacía un tiempo había negativizado. “¿Esto justifica y explica el asesinato de una persona? Creí que nadie tenía derecho a quitarle la vida a nadie”, expresó.

Sostuvo, además, que “la condición socioeconómica y cultural no es determinante para cometer actos delictivos y homicidas como lo presentó la defensa y los jueces avalaron, justificando la acción homicida de Méndez”.

La Justicia le dejó a Honores un vacío y un dolor que serán eternos.

Hechos, no palabras

Si el sistema realmente quisiera asumir una visión inclusiva y con perspectiva de género, les preguntó entonces a los jueces qué políticas públicas ponen en acción para que las trabajadoras sexuales puedan integrarse a la sociedad y dejen de ser explotadas.

“Si creen que Méndez puede construir un nuevo proyecto de vida que la desvincule del delito, quién de ustedes le garantiza incluirla en un trabajo digno o se ofrece a darle oportunidades laborales y sociales diferentes”, cerró.

Irene Méndez ejercía la prostitución y Honores era su cliente. El 7 de mayo de 2017, la condenada fue hasta la casa de al víctima y lo asesinó de un disparo.

Por el hecho, inicialmente fue condenada a prisión perpetua. Luego, un tribunal de impugnación revocó la sentencia y fijó una audiencia para determinar otra pena por un delito menor (homicidio simple). El 17 de julio pasado, le bajaron la pena a 10 años de cárcel efectiva.

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