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En la mira de la Justicia por reclamos al Municipio

Seis militantes sociales fueron imputados por piquetes y ocupaciones.

Trabajadores de comedores comunitarios fueron imputados judicialmente y llamados a indagatoria por el delito de coacción agravada y amenazas a funcionarios públicos tras protestar en el Municipio por el suministro de alimentos. Denuncian persecución ideológica y que se utilizó información confidencial de Asistencia Social para identificarlos.

Se trata de cuatro mujeres y dos hombres que desarrollan actividades en tres comedores comunitarios y militan en el Frente Darío Santillán y MTD.

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Las imputaciones llegaron a los domicilios el jueves y el lunes pasado anoticiando a los militantes que serían indagados por el delito de coacción agravada, aunque no lograron conseguir más información del expediente porque en el Poder Judicial están en feria.

“Los procesamientos llegaron luego de denuncias judiciales que realizó el intendente de la ciudad (Aníbal Tortoriello) imputándonos delitos por reclamar las partidas alimentarias que se venían recibiendo en los comedores comunitarios de Antártida Argentina, Costa Norte y Auka Liwen. Esas partidas se recibían en tiempo y forma, y con la nueva gestión municipal se suspendieron”, relató Antonio Jerónimo, miembro de la organización.

El dirigente destacó que además creen que la información para poder identificar a los manifestantes habría salido de informes socioambientales realizados por los propios trabajadores sociales del Municipio, violando la confidencialidad de las entrevistas y el secreto que debe tener ese tipo de informes. “Se violó un compromiso ético entre el trabajador social y el vecino, porque incluso llegaron a procesar a mujeres que hace poco tiempo están militando en el Frente Darío Santillán, y que no había otra forma de identificarlos”, cuestionó Jerónimo.

En lo que va del año, estas organizaciones realizaron cinco protestas exigiendo el cumplimiento del acuerdo alimentario y presumen que los procesamientos fueron por la toma del cuarto piso del edificio municipal en febrero o por el piquete que realizaron en los ingresos a la empresa familiar del intendente, impidiendo el ingreso y egreso de camiones. En ambos casos intervino el fiscal Martín Pezzeta, quien propuso una audiencia conciliatoria a la que no se presentó ninguna de las partes.

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