En ATE llaman a no inscribirse al nuevo régimen previsional

Mientras el Gobierno de la provincia avanza en la implementación de del Decreto 664 que establece un régimen voluntario provisional, al que podrían acceder unos 1000 trabajadores que se encuentran en condiciones de jubilarse, desde ATE salieron con los tapones de punta y pidieron a sus afiliados que no se inscriban para este beneficio.

La iniciativa oficial prevé un acuerdo individual para blanquear las sumas no remunerativas con el pago de una deuda de aportes que será afrontada por la Provincia, pero que se deducirá a los trabajadores en 84 cuotas, a lo largo de 7 años, de los haberes jubilatorios futuros.

Mientras desde UPCN aplaudieron el decreto y lo celebraron a los cuatro vientos, desde ATE aseguraron que se trata de “una trampa y un verdadero engaño” del Gobierno, por lo que llamaron a resistir.

Según el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, “con este decreto el Gobierno busca evadir su obligación legal de blanquear sumas no remunerativas con retroactividad el mes de abril de 2011, y que están en los últimos 10 años previos a la jubilación”. Aseguró que con esto el Gobierno, además, obliga a los trabajadores a reconocer como propia una deuda que no es suya, sino de la provincia que no hizo los aportes”.

Pero el malestar de ATE no solo es con el Ejecutivo, sino también con UPCN por acompañar la iniciativa oficial.

“El Estado paga en negro”

El titular de ATE señaló, a su vez, que en promedio los empleados públicos de Río Negro tienen un 60% de sus sumas en negro, con lo que el Estado evade aportes a la Anses y también a la obra social Ipross.

 

El consejo del gremio
“Resistir trabajando, sin jubilarse”

 

El secretario general de ATE en Río Negro, Rodolfo Aguiar, llamó a los estatales a resistir en sus puestos de trabajo y a no jubilarse. Además, planteó la necesidad de reclamar por vía judicial el blanqueo de todos los conceptos no remunerativos. Para el sindicato, en tanto, esta reglamentación que el Ejecutivo intenta llevar a cabo con la anuencia de UPCN “implica un recorte de derechos que no solo perjudica a los trabajadores que ya cuentan con la edad y cumplen las condiciones para jubilarse, sino también a más de 9000 empleados públicos que se encuentran dentro de los 10 años previos a su retiro”.