El STJ quiere postergar la reforma

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) volvió a plantear reparos al proyecto legislativo para reformar el Código Procesal Penal y pidió al presidente del Parlamento, Pedro Pesatti, que se sancione una ley de implementación del nuevo sistema, lo que retrasaría la puesta en marcha de la iniciativa. Además, garantizaría presupuesto para funcionamiento y debería contemplar la infraestructura que necesitará cada circunscripción. Si no hay una norma anexa a la modificación del Código, los magistrados del máximo tribunal sugirieron postergar su entrada en vigencia hasta marzo de 2017.
Los cinco integrantes del STJ firmaron un escrito dirigido a Pesatti en el que consignaron sus preocupaciones en torno al proyecto, que está pronto a ser aprobado en segunda vuelta. El plan del Ejecutivo es fijar el 1 de marzo de 2016 para la entrada en vigencia del sistema acusatorio, lo que otorgaría poco más de un año para completar la adecuación. Sergio Barotto, Enrique Mansilla, Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui y el cipoleño Ricardo Apcarián entienden que no habrá tiempo suficiente para desarrollar las capacitaciones necesarias, ni para abrir todas las nuevas dependencias que contemplará la ley. “En el plazo mencionado deberá diseñarse y ejecutarse un proceso intenso de capacitación, no solo para funcionarios y magistrados, sino también para agentes y abogados”, manifestaron.
El STJ ya había manifestado sus dudas respecto de los cambios previstos, lo que causó malestar entre los legisladores oficialistas que impulsan la reforma.

Recursos
Los magistrados pusieron especial énfasis en la asignación presupuestaria, ya que el sistema acusatorio del fuero penal contempla nuevos juzgados y requiere de mayor cantidad de funcionarios en el Ministerio Público, que pasará a tener el control de las investigaciones.
Los jueces reclaman a la Legislatura que se contemple la situación y se asegure a la Justicia el presupuesto necesario para hacer frente a los gastos.
Por otro lado, se mostraron preocupados por la “falta de espacio”, ya que actualmente la mayoría de las “oficinas son alquiladas”, y solicitaron al Gobierno que se proyecten las mejoras necesarias a través del Ministerio de Obras Públicas.