El Congreso aprobó la ley de urbanización de barrios populares y 36 asentamientos cipoleños serán beneficiados

La sesión estuvo acompañada por referentes cipoleños. Se beneficiarán casi un millón de familias de todo el país.

La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley Urbanización de Barrios Populares y Regularización Dominial. Esta decisión podrá beneficiar a casi un millón de familias, de los cuales 8 mil son de 146 barrios rionegrinos. La sesión estuvo acompañada por referentes sociales de la ciudad.

Fue aprobada por unanimidad el proyecto de ley que estipula la expropiación de terrenos para urbanizarlos, mediante la creación del régimen de integración socio urbana y regularización dominial. La iniciativa dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), creado por decreto 358/2017 con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que obtengan los servicios básicos.

También propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen, cuyos fondos serán establecidos en la ley de presupuesto de 2019.

“Este proyecto es un gran avance en el país porque va a llevar la expropiación de todos los barrios populares, pero a nosotros, particularmente, la posibilidad de urbanizar. Nosotros queremos que los vecinos cuenten con certificados de vivienda o título de propiedad, y a su vez los servicios de agua, cloacas, electricidad y gas, que son las necesidades básicas para poder vivir”, expresó la referente de barrio Obrero, Lila Calderón, en diálogo con LM Cipolletti.

Sólo en la ciudad de Cipolletti, la nueva ley podría beneficiar a 36 barrios populares, de los cuales 5 ya fueron expropiados por la ley provincial, aunque podrán también recibir la urbanización.

“Hoy se trató una ley verdaderamente histórica, que va a garantizar la inclusión real de millones de argentinos. En Rio Negro esta ley va a beneficiar a 18 mil familias en 146 barrios. Con el Estado haciendo obras, pero mucho más por todo lo que sabemos que son capaces de hacer los vecinos cuando se les quita la angustia de no saber si los van a desalojar en cualquier momento. Es una medida progresista, pero progresista de verdad. Nadie se animó a ampliar tanto el derecho de propiedad, a liberar a tantos de la precariedad y la informalidad y el clientelismo que se alimenta de ellas”, comentó ayer el diputado nacional, Sergio Wisky.

La diputada Lorena Matzen también escribió que “es la primera vez en la historia que un Gobierno enfrenta semejante desafío, con el compromiso real de mejorar la vida de tantas familias argentinas. Es una ampliación de derechos y un avance muy importante como sociedad que beneficia a 3,5 millones de personas, unas 850 mil familias”.

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