Dos policías van a juicio por golpiza en una toma

No hace mucho, la familia de los adolescentes que viven en la toma 10 de Febrero y fueron víctimas de una golpiza policial anticipaba que llegaría hasta las últimas consecuencias en su reclamo de justicia. El pedido fue escuchado por la jueza Florencia Caruso, quien decidió procesar a los policías Enrique Barrera y Oscar D’Angelo por el delito de vejaciones. La reacción de las fuerzas de seguridad habría derivado de una supuesta provocación de los menores, que les tiraron besos cuando pasaban en un patrullero.

La resolución se conoció ayer y, si no hay una apelación, los dos procesados deberán enfrentar un juicio oral. Los hechos investigados ocurrieron el 5 de octubre del año pasado, frente al salón comunitario. De acuerdo con el relato de los menores, de 13 y 16 años, fueron interceptados por agentes de la Comisaría 45ª y recriminados por una serie de gestos; luego fueron zamarreados y a uno de los adolescentes le rompieron el yeso que tenía en un brazo tras una fractura.

A partir de los testimonios de las víctimas se pudo conocer que uno de los efectivos le gritó desde el interior de una camioneta policial: “Ya estoy cansado de que me tires besos, pendejo”. Casi en simultáneo, su compañero se bajó y le dijo al otro menor: “¿Qué? ¿Sos vivo? ¿Sos vivo?”, y entonces lo rodearon y lo golpearon. En la acusación, se precisó que en el ataque a golpes le rompieron el yeso que tenía en el brazo izquierdo.

En cuanto a la evidencia que consideró la jueza, se indicó que “la prueba testimonial de cargo resulta abundante y concordante para acompañar la acusación del Ministerio Público, y no se ve desvirtuada por prueba en contrario que permita desincriminar a los imputados más allá de que nieguen el hecho ocurrido. Los testigos coinciden en que fue un proceder abusivo, en reiterar las frases humillantes que habrían proferido los agentes policiales y en describir cómo intencionadamente infligieron dolor en el menor que portaba un yeso en uno de sus brazos. Por ello entiendo que, receptando las consideraciones vertidas por la Alzada, corresponde tener por acreditado, al menos en esta instancia procesal, el hecho descripto”.

“Hasta las últimas consecuencias”

A principios de año, Ana Fernández, en diálogo con este medio, remarcó que no quería que la investigación por lo sucedido con sus nietos quedara estancada. “Nosotros queremos ir hasta las últimas consecuencias, no queremos que sea un caso que quede en la nada”, destacó.

Lamentablemente, no es el único hecho que involucra a uniformados y la Justicia local se encuentra trabajando en varias causas por vejaciones.