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Disputa entre primos por supuesta deuda de un servicio sexual  

Un joven de Viedma denunció a un familiar porque lo extorsionaba. Le pedía dinero por un supuesto acto de sexo oral que no le había pagado. Para la Justicia no hubo pruebas para confirmar el delito.

Un terrible caso de extorsión y amenazas que llegó hasta la Justicia de Viedma desnudó un escandaloso conflicto familiar en el que se mezclan amenazas e intento de extorsión con una supuesta deuda por un servicio sexual.

El documento judicial contiene relatos y declaraciones escabrosas con términos crudos que este diario obviará publicar, lo mismo que las identidades para preservar a los involucrados.

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Todo se inició en junio del año pasado cuando SHF –domiciliado en Viedma- denunció que su primo LG –de Patagones- lo había llamado por teléfono para reclamarle una suma de dinero por una supuesto acto de sexo oral que le había practicado.

Le dijo concretamente –según la presentación- que él “cobra” por sexo y que le tenía que pagar.

Le advirtió que si no cumplía “lo iba a denunciar, que iba a ir preso y que iba a perder su trabajo”.

F le contestó que nunca había sucedido ese encuentro íntimo y le cortó. Minutos después lo volvió a llamar, pero atendió su hermana, a quien le reiteró que quería el dinero y le repitió las amenazas. Después llamó otras cuatro veces, pero ya no lo atendieron.

El denunciante presentó capturas de pantalla en las que se visualizaron al menos seis comunicaciones realizadas desde un “número privado”.

La acusación se encuadraba en el delito de “coacción”.

Sin embargo, las capturas no alcanzaron la jerarquía de prueba, dado que “no permiten establecer el abonado desde el cual se efectuaron ni tampoco identidad de la persona que los realizó”, expresó la fiscal Maricel Viotti Zilli en la Resolución publicada en la última edición del Boletín Oficial rionegrino.

Sostuvo que ante la imposibilidad de “confirmar los dichos del denunciante” no se daban los requisitos establecidos por el Código Penal para imputar al denunciado.

Por ese motivo dispuso archivar las actuaciones, aunque aclaró que SHF “tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior” en un plazo de tres días de ser notificado.

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