Diálogo oficial para expropiar el Obrero
Concejales y legisladores analizaron el proyecto para zanjar el conflicto.
La situación del asentamiento conocido como Barrio Obrero A parece haber entrado en etapa de definiciones, tras años de tires y aflojes, amenazas, decisiones judiciales y promesas incumplidas. Por un lado, la Justicia citó a todos los actores para la mediación previa al desalojo y, por otro, tanto la Legislatura como el Deliberante finalmente se sentaron a analizar la alternativa de la expropiación.
El proyecto presentado por las familias que habitan las tierras de la zona norte llegó a comisión legislativa hace dos semanas y estuvo cerca de obtener el dictamen favorable para llegar al recinto. Con gran mayoría de voces a favor, el oficialismo provincial logró postergar cualquier votación hasta que se expidieran los concejales y el Ejecutivo cipoleño.
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En ese contexto, la presidenta del Concejo, María Elisa Lazzaretti, y las concejales Alejandra Villagra y María Eugenia Villarroel Sánchez recibieron ayer a los parlamentarios cipoleños Jorge Ocampos y Carina Pita para iniciar un debate formal sobre la posibilidad de declarar la utilidad pública de las tierras. Lo que equivale a forzar la venta a través de una expropiación.
“Se realizó una evaluación en conjunto, dada la situación del asentamiento que se realizó ante la necesidad de vivienda de 462 familias”, confirmaron brevemente desde el Concejo. Los ediles tienen muchas más reservas que los legisladores provinciales, ya que quieren garantías de que ante una expropiación no será el Municipio el que tenga que aportar los fondos. “No está en condiciones”, coinciden los ediles cipoleños.
Entre los legisladores presentes se analizó el alcance que podría tener la declaración de utilidad pública y posterior expropiación, y pusieron de manifiesto que significaría un cambio rotundo en la calidad de vida.
Con una audiencia judicial prevista para octubre, se acordó un nuevo encuentro de gobierno, “en el corto plazo”, con el intendente Aníbal Tortoriello.
Todos los actores del conflicto
Las familias
La toma se concretó en 2009, en tierras que tenían dos propietarios diferentes. Aseguran tener voluntad de pago, aunque desconocen al denunciante como dueño.
El dueño
Carlos Romero presentó la denuncia y tiene sentencia a favor. Afirma que está dispuesto a vender, pero no retiró la denuncia.
Autoridades
El Municipio se involucró como mediador, pero ahora hizo guiños públicos a la expropiación ante la ausencia de diálogo entre los implicados.
La Justicia
El desalojo fue ratificado en varias instancias, pero la Justicia congeló la causa. Esta semana, finalmente citó a las partes.
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