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Comerciante narco pedía domiciliaria pero se la negaron

El cipoleño Fernando Fidalgo deberá cumplir 4 años y medio en la cárcel.

A pesar de que argumentó la necesidad de mantener a sus cinco hijos y de que debe cuidar sus negocios del rubro zapatería, la Justicia federal le negó al cipoleño Fernando Julián Fidalgo el beneficio de la prisión domiciliaria. Hace poco más de una semana fue detenido por la Brigada de Investigaciones tras conocerse que había sido confirmada la sentencia en su contra por el delito de narcotráfico.

La respuesta del Tribunal Oral Federal de General Roca (TOF) se derivó de una presentación impulsada por el abogado particular del condenado, quien se refirió a cuestiones familiares y reiteró críticas al fallo donde se lo consideró culpable de la producción y venta de marihuana.

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La primera en oponerse al reclamo de la defensa fue la fiscal general, que además hizo hincapié en la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. Este organismo judicial ratificó el veredicto del TOF roquense y, por ese motivo, se ordenó la captura de Fidalgo. Hasta mediados del presente mes, y más allá de la condena sobre su persona, gozaba de libertad por los recursos interpuestos por la defensa.

En un intento por obtener la prisión domiciliaria, el representante legal explicó que Fidalgo no tiene antecedentes penales, que tiene cinco hijos a su cargo y que ocupa a varios empleados en sus locales comerciales. Pero la fiscal se opuso de manera enfática y puntualizó que la Cámara “declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa particular”. Asimismo, mencionó la jurisprudencia existente en estos casos.

A su turno, el TOF, integrado por el ex fiscal cipoleño Alejandro Silva, se mostró a favor de los planteos de la fiscal y rechazó la posibilidad de cualquier beneficio.

Proceso judicial

Culpable por plantación y laboratorio

Fernando Fidalgo enfrentó un proceso judicial en el marco de la ley de drogas, la 23.737. Fue encontrado culpable de los cargos en su contra y condenado a 4 años y medio de prisión efectiva.

El procedimiento que abrió la investigación se llevó a cabo en una chacra de la zona de María Elvira en abril de 2010, donde fueron secuestradas 146 plantas de marihuana. Fuentes policiales destacaron que tras el hallazgo se pudo comprobar la existencia de un “laboratorio” donde se secaba y prensaba la cannabis sativa.

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