La imputaron por un corte de ruta al que afirma no concurrió

La militante social, Anabela Colipe, fue imputada por la Justicia, junto con otras seis personas, por impedir "la normal circulación del transporte por tierra", en la Ruta Provincial 6, cerca de General Roca, el pasado 22 de mayo. Sin embargo, ella asegura que estaba en su trabajo de niñera en una casa particular cuando ocurrió el corte de ruta.

En otras palabras, ni siquiera participó de la acción, pero igual fue incluida en el grupo de acusados de haber cometido una transgresión que no suele ser sancionada en Río Negro, puesto que se considera, habitualmente, que los reclamos sociales son un derecho a contemplar y garantizar en contextos económicos complicados.

La actualidad del país, con un 55 por ciento de sus habitantes en la pobreza, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) o, peor incluso, con un 73,3%, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no parecería abonar el terreno para la paz social.

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La Justicia ordinaria imputó a siete personas por interrumpir el tránsito por la Ruta 6, cerca de General Roca. El corte de ruta fue denunciado en tribunales por el Gobierno provincial. Una acusada dijo que ni siquiera estuvo en la protesta.

Pues bien, las siete personas imputadas el martes por los fiscales Marcelo Ramos y Vanesa Giardina, con el respaldo a la acusación de la jueza de Garantías, Natalia González, habrían estado manifestándose en demanda de que Provincia y Nación entreguen alimentos para comedores y merenderos, a raíz del creciente número de hombres, mujeres y niños que no tienen asegurada su nutrición diaria. O sea, que pasan hambre.

En el caso de la roquense Colipe, la situación sería muy especial. Y es que ella sostiene que no concurrió a la manifestación, así que mal puede ser involucrada como participante.

Consultada por LMCipolletti, afirmó que, al momento del corte, se hallaba en la casa particular en la que trabaja como niñera, por lo que destacó que contaría con testigos y elementos probatorios de que los cargos que se le formularon son erróneos.

Trabajaba a kilómetros de la protesta

"Me imputan y ni siquiera estuve en la protesta", enfatizó y señaló, además, que la casa donde cumple su actividad laboral se encuentra a "varios kilómetros" del lugar de los acontecimientos. "Me queda a contramano, de una punta a la otra", expresó, como para que no queden dudas

Sostuvo que no tiene conocimiento de cómo han hecho para identificarla en el lugar del corte si no se hallaba presente y dijo que "capaz que es por alguien que se parece a mí", pero ni esto está en condiciones de especificarlo. En realidad, "no sé qué puede ser" lo que está pasando.

Compartió, en cambio, los planteos de la protesta, porque "se necesitan alimentos" para dar comida a una cantidad cada vez mayor de personas que buscan algo que comer en los barrios populares. Lamentablemente, las provisiones que proporciona el Municipio roquense son bastante "mínimas" y casi se limitan "a un poco de harina y azúcar", que no resulta suficiente para atender las necesidades de la comunidad.

Subsiste un solo merendero

Además, ni la Provincia ni la Nación están aportando algo, en absoluto, con lo que la realidad se va complicando cada vez más. Precisó que Dignidad Rebelde, su organización, tenía en el pasado, en Roca, cuatro merenderos, pero en el presente solo sigue funcionando uno solo, con dificultades que se multiplican y ponen en riesgo el emprendimiento solidario.

Reflexionó que el accionar judicial podrían estar buscando "criminalizar" la protesta social, en el marco de un clima de "persecución" a las organizaciones sociales en lucha.

En Río Negro, todo el tiempo se realizan cortes de ruta y es muy raro que estas formas de reclamo deriven en causas judiciales y menos en sentencias. De todos modos, en la mayoría de los casos se trata de protestas en rutas nacionales o en los puentes Cipolletti-Neuquén, por lo cual quedan bajo la competencia de la Justicia Federal. En el caso de la ruta 6, por ser de jurisdicción provincial, interviene la justicia ordinaria, a pedido del Gobierno rionegrino.

Entre las medidas cautelares aplicadas a Colipe y los otros seis acusados, se cuentan la obligación de fijar y mantener el domicilio, del que no podrán ausentarse sin dar aviso a sus defensores o a la fiscalía. A esto, se le suma la prohibición de salida del país sin previa autorización de la jueza de Garantías.

Derecho elemental a alimentarse

A todo esto, la organización Dignidad Rebelde, que lidera la cipoleña Lilia Calderón, hizo público un pronunciamiento en el que se repudia "al gobierno de la Provincia y a la Justicia rionegrina, ya que procesó a siete compañeros por salir a reclamar derechos elementales como es la alimentación".

En el documento, se recuerda que "luego que el gobierno incumpliera compromisos previos" relacionados con los requerimientos alimentarios, "se consiguió una reunión en el Ministerio de Viedma con referentes de distintas organizaciones".

Sin embargo, "volvieron a incumplir, quedando claramente en evidencia el miedo que tiene este gobierno a la organización popular, intentando amedrentar y disciplinar a quienes luchan por aquellos que no tienen voz. Es por esto que ahora, más que nunca, hay que acompañar y estar al frente reclamando por el desprocesamiento de los compañeros".

"De nuestra organización, Anabela está procesada, ahí estaremos para acompañar. Ni un paso atrás. ¡Desprocesamiento de nuestros compañeros ya! Si no hay comida para la gente, que no haya paz para el gobierno", concluye la proclama.