Autos truchos: fiscalía pide que los Montecino sean declarados culpables

La fiscalía cipoleña solicitó que los Montecino y sus presuntos cómplices en la causa por asociación ilícita sean declarados culpables. Al respecto, el fiscal Guillermo Merlo consideró que lograron acreditar que los sujetos mantuvieron la organización criminal por más de un año y que su objetivo era realizar estafas mediante la compraventa de vehículos.

En cuanto al encuadre jurídico del caso, Merlo destacó que la asociación ilícita "no requiere de la existencia de delitos consumados, ni siquiera principio de ejecución, sino un acuerdo con la finalidad de ejecutarlo".

Además, mencionó que esto se probó a partir de los testimonios de las víctimas, de las escuchas telefónicas, de las explicaciones de los policías de la Brigada de Investigaciones, de los secuestros realizados durante los allanamientos en las viviendas de los acuados y de los relatos de personas relacionadas al rubro automotor, que mencionaban la forma en la que captaban a las víctimas.

¿Cómo lograban engañarlas?

Para Merlo, los acusados engañaban a sus víctimas valiéndose de la fachada de un autoparque que parecía estar perfectamente en regla -cuando no era así- y de la atracción de la clientela mediante avisos clasificados y publicaciones en redes sociales. También se valieron de la promesa de ofrecer supuestas soluciones a problemas mecánicos o de registración y de la utilización de nombres falsos al momento de realizar las operaciones comerciales.

Este último punto, a criterio del fiscal, tenía el doble objetivo de evitar ser reconocidos por los compradores y el de intentar evitar cualquier tipo de reclamo civil, ya que en caso de requerir la devolución del dinero, estarían reclamando a una persona fallecida o inexistente. “José Norambuena”, “Miguel Rodríguez” o “Wilson” fueron algunos de los nombres que los acusados utilizaban para presentar o suscribir los documentos que acreditaban la compra.

“Ninguno podía desconocer la actividad delictiva a la que se dedicaba la banda y todos colaboraban de alguna manera a poder perpetrar las estafas o a desistir de los reclamos buscando intimidar a las víctimas”, aseveró Merlo.

Sobre este punto recordó que cuando los damnificados, ya cansados de reclamar y buscar soluciones a los problemas mecánicos o registrales que los vehículos presentaban, se hacían presentes en el autoparque donde los acusados revelaban su verdadera identidad y buscaban intimidar a las víctimas para que desistan de sus exigencias o de realizar denuncias al respecto.

La fiscal adjunta, Vanina Bravo, estuvo a cargo de analizar cada una de las estafas que fueron llevadas a juicio y los elementos probatorios obtenidos en cada una de ellas. Sobre estos delitos se solicitó la declaración de responsabilidad en siete de los ocho hechos de estafas imputados a las personas llevadas y en el restante se retiró la acusación por considerar que durante el juicio no se pudo probar que el hecho se tratara de un delito penal.

Las defensas de los acusados, a cargo de Juan Vincenty y el defensor oficial, Marcelo Caraballo, solicitaron que sus tutelados sean absueltos argumentando que los hechos eran atípicos y que no encuadran en ninguna figura delictiva. Vincenty señaló que los damnificados no habían sido lo suficientemente diligentes ni tomaron los recaudos para evitar ser estafados, por lo que el hecho era atípico, mientras que Caraballo sostuvo que sus representados eran empleados de los tres hermanos acusados y que no formaban parte de ninguna asociación ilícita.

El Tribunal de Juicio integrado por Guillermo Baquero Lazcano, Álvaro Meynet y Sonia Martín adelantó que el veredicto del caso se conocerá el próximo jueves 28 de febrero a las 13:30 horas en el edificio judicial de España y Urquiza de Cipolletti.