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Techo digno: aceptan los cargos formulados y declaran causa compleja

También se hizo lugar al pedido de la defensa del auxilio jurisdiccional para poder entrevistar a dos actuales funcionarios del Municipio de Fernández Oro.

En el marco de la investigación por los destinos de los fondos programa nacional "Techo Digno", este martes la jueza de garantías tuvo por formulados los cargos contra los cinco imputados. Además se hizo lugar al planteo realizado por el equipo fiscal que interviene en el caso para que la investigación sea declarada compleja, extendiendo el plazo de investigación preparatoria a un año.

Por otro lado, también se hizo lugar al pedido de la defensa del auxilio jurisdiccional para poder entrevistar a dos actuales funcionarios del Municipio de Fernández Oro.

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El programa nacional “Techo Digno” estuvo destinado a la ejecución de viviendas y comenzó a implementarse en el territorio provincial a partir del año 2013. Las personas investigadas en este caso en particular son un ex intendente de Fernández Oro, un empresario de la construcción y tres presidentes de diversas cooperativas.

Cabe señalar que investigaciones similares están siendo llevada adelantes por un equipo integrado por funcionarios del Ministerio Público Fiscal e involucran los programas ejecutados por distintos municipios de nuestra provincia.

La madre de la menor denunciará el hecho en la Fiscalía cipoleña.
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Los hechos imputados

Según la Fiscalía, en la localidad de Fernández Oro, el programa preveía la construcción de 50 viviendas en un plazo de 12 meses mediante una empresa constructora contratada a tal fin luego de la correspondiente licitación y adjudicación. El acuerdo data de 2014 y se ejecutó entre marzo y diciembre de 2015.

“El Municipio recibió más de 18 millones de pesos de fondos del programa producto de diversos desembolsos del Tesoro Nacional (…) un 82,54 % del monto total del convenio (que ascendía 22 millones de pesos). Parte de ello fue transferido indebidamente puesto que no guardaba relación con el avance real de la obra. El mismo – en abril de 2016 – era menor a un 20% de ejecución, tal lo informado por un relevamiento realizado por el IPPV", detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La acusación entendió que "el intendente, que tenía a su cargo la administración y el cuidado de los fondos, perjudicó los intereses confiados abonando a la empresa constructora más de un 25% del monto del contrato, es decir un 5,63 % más que el porcentaje de construcción realizado".

La operatoria “se concretó mediante certificaciones de avance de obra y acta de finalización de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos progresivos de dinero por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal” con quien el intendente había suscripto el acuerdo".

Asimismo, de los restantes fondos recibidos por el programa, el Municipio utilizó más de 8 millones para pagar a la misma empresa constructora obras de infraestructura pertenecientes a otro acuerdo, de las cuales no se tiene registro.

También realizó un sobrepago de más de 600 mil pesos a tres cooperativas que se encontraban vinculadas a otro plan federal de viviendas, entre ellas una presidida por su hijo.

“Finalmente, al cesar el mandato en diciembre se constató que el faltante de fondos federales correspondientes al Plan Techo Digno ascendía a 3 millones 400 mil pesos”, detalló la fiscalía.

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