Siete colombianos eran sometidos a trabajo esclavo en una carpintería clandestina

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro realizó ayer un allanamiento en el barrio Don Bosco en el que detectaron una carpintería clandestina y a siete personas de nacionalidad colombiana que trabajaban de manera semiesclava y vivían en el lugar.
Las condiciones en las que desempeñaban sus tareas y en las que residían eran notoriamente precarias, según informó el comisario Guillermo Aranda, a cargo de las diligencias que se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en calle Ecuador 835. Además, señaló que los colombianos habían ingresado al país como turistas y que la visa ya  se les había expirado, por lo que permanecían de manera ilegal en tierra argentina. Esto motivó que se diera cita en el lugar personal de la Dirección Nacional de Migraciones, área dependiente del Ministerio del Interior que ahora deberá resolver el destino de los inmigrantes ilegales.
Sin embargo, el operativo se dispuso en el marco de una investigación por tenencia ilegítima de armas, pero no encontraron nada relacionado con el tema. Horas antes, por la mañana, habían concretado otro allanamiento similar en una casa ubicada en calle Río Salado al 1100, donde sí se incautó un revólver y municiones de distinto calibre.
“Estábamos buscando armas, pero no encontramos ninguna en este domicilio. Lo que sí hallamos fue un taller de carpintería con una inmensa cantidad de muebles que se comercializaban en la ciudad. Al consultar con la Dirección de Comercio de la Municipalidad se detectó que no tenía la habilitación pertinente, por lo que se procedió al decomiso de los elementos que había en su interior”, indicó Aranda.
Los muebles eran de los más diversos, pero todos tenían como denominador común una baja calidad en lo que a materiales y confección se refiere. Todos fueron retirados del lugar y trasladados en vehículos municipales. Muchos vecinos de la zona se acercaron para ver de qué se trataba tanto revuelo en la vía pública. Otros, un tanto suspicaces, se encargaron de fotografiar con sus teléfonos celulares a los trabajadores de prensa que cubrieron el episodio.
Por su parte, los colombianos informaron que por cada venta concretada ellos percibían el 10%. Ese era el único pago que recibían por las prestaciones brindadas. Desde la Policía, en tanto, remarcaron que las condiciones en las que vivían “eran realmente precarias. Tenían muy poco espacio, con camas cuchetas improvisadas una pegada a la otra, totalmente hacinados”. Según transcendió, el propietario de la vivienda sería el encargado del negocio.