Serias deficiencias en la cárcel cipoleña

Luego de un pormenorizado relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de Río Negro durante la primera semana de noviembre, se dio a conocer ayer la situación de las cárceles de la provincia.
En el Penal 5 de Cipolletti fueron varias las irregularidades advertidas, entre las que se destaca la falta de unos 130 metros de alambrado perimetral en el sector trasero, los cuales habrían sido robados desde el exterior del establecimiento, según información aportada por las propias autoridades carcelarias.
Además, entre las deficiencias observadas en el penal local, se remarcó que allí se alberga a una cantidad de convictos mayor a la ideal y a la que se previó al momento de su construcción.
En tanto, señalaron que otro de los problemas es la ausencia de servicio de telefonía fija y de Internet, lo que dificulta la comunicación, trayendo aparejado una seria incomodidad a la hora del desarrollo de las tareas cotidianas.
Con respecto a obras e infraestructuras, el informe da cuenta de la necesidad que tiene la cárcel cipoleña de contar con un “sector de recapacitación”, que debería estar alejado de los pabellones y que tendría que contar con unas diez celdas. Al respecto, recordaron que “las autoridades habían comprometido la construcción de puestos de vigilancia adecuados, pero en la actualidad estos son de madera; material que no es el adecuado para custodiar una unidad carcelaria".
El objetivo del trabajo realizado por la Defensoría fue trazar una comparación con el informe dado a conocer en el mes de mayo, para elaborar un diagnóstico de la situación en el tiempo transcurrido.
En ese sentido, admitieron haber advertido una evolución en la capacitación del personal “aunque todavía resulta insuficiente”. En este punto valoraron la incipiente conformación del denominado “Grupo Antitumulto”, que tendrá el objetivo de afrontar situaciones críticas o riesgosas, tanto para el personal como para los internos.
Sin embargo, en el documento se dice que se apreciaron “deficiencias en el adiestramiento de los nuevos operadores, fundamentalmente en el manejo de armas”.
Con respecto a los dispositivos de seguridad con los que cuentan los trabajadores del servicio penitenciario, la defensora del pueblo consignó que “a pesar de algunas compras, persiste el problema originado por la falta de elementos adecuados. A nivel general, se advierte la carencia de artefactos esenciales, como escopetas, chalecos, cartuchos, cascos, linternas, bastones, gases y  escudos, entre otros. En algunos casos los propios empleados han comprado esposas y municiones”.
Asimismo, en el informe se señala, como un hecho preocupante, que los internos tengan en su poder teléfonos celulares, “los que en algunos casos son utilizados para comunicarse con sus familiares, pero en otros surgen desde allí amenazas, secuestros virtuales y comunicaciones que pueden ser un factor de riesgo ante tentativas de fuga y contactos con posibles cómplices en el exterior”.
Además, se encontraron con un importante déficit en lo que respecta a los uniformes, advirtiendo que “hay personal trabajando de civil y en algunos casos se compran su propia vestimenta”.
 
Fugas
Desde la Defensoría del Pueblo también opinaron sobre las fugas de presidiarios. En ese sentido, aseveraron que “a pesar de los inconvenientes constatados y la incidencia que pueden tener en el funcionamiento de las cárceles, como la sobrepoblación de internos, carencia de elementos de seguridad, problemas edilicios o falta de capacitación; es muy difícil poder justificar por estos motivos la inusitada cantidad de fugas de todo tipo, registradas en los últimos 60 días en los penales rionegrinos”.
En tanto, se destacó que este año, a través de un decreto con acuerdo de ministros, el gobernador Alberto Weretilneck dispuso el estado de emergencia del sistema carcelario provincial por el término de un año.
Esta medida contempla, entre otras acciones, la disposición de más de 29,5 millones de pesos para hacer frente a los problemas y necesidades más urgentes en estos establecimientos, como problemas edilicios, elementos de seguridad y sistemas de comunicación, entre otros.
“La agilidad administrativa y ejecutiva en la correcta utilización de este dinero y la implementación de las debidas políticas o estrategias, posibilitará contar  con soluciones a corto y mediano plazo para los problemas más acuciantes que presenta el sistema carcelario, que  son arrastrados prácticamente desde su creación”, concluyó el informe.

Superpoblación en el penal de Roca
En el informe de la situación de las cárceles provinciales, la Defensoría del Pueblo destacó que en casi todas las unidades hay más reclusos de los contemplados según la estructura edilicia. Y consideró que el del Penal 2, de General Roca, es el caso más preocupante.
"En términos generales las unidades de la provincia están sobrepasadas. De las comprendidas en este informe, sólo la de Bariloche cuenta con una cantidad acorde" a su edificio, aunque actualmente se realizan obras de mejoramiento de la infraestructura que obliga a reagrupar a los internos. "Restringido el espacio disponible, no existe la posibilidad de poder separar a los procesados de los condenados, aplicándose criterios de razonabilidad y convivencia", se expresó.
"Choele Choel y Cipolletti tienen más internos que los que deberían albergar, pero el problema más grave se da en General Roca, donde se advierte sobrepoblación de internos y hacinamiento", se consignó en el documento dado a conocer ayer.
El organismo respaldó la decisión del juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos, quie estableció un límite de 250 internos. Se trata de un "número que aún excediendo el límite de la unidad, no agravaría aún más las condiciones de detención.
La imposibilidad judicial de alojar a más presos ha motivado traslados al Penal de Cipolletti.