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Ratifican que resistirán un desalojo

En la toma Barrio Obrero A están a la espera de lo que resuelva la Justicia en torno a la situación del asentamiento. Advierten que podría generarse "violencia".

Las 462 familias que ocupan tierras ubicadas al norte de la ciudad no se irán de los predios ni de sus casas ya construidas.

Los habitantes de la toma Barrio Obrero A resistirán cualquier intento de desalojo, que "será violento" porque no permitirán que los echen del lugar en que actualmente están viviendo. La Justicia deberá resolver durante el mes la situación del asentamiento, ante el pedido de restitución de sus tierras formulado por el propietario.
La ocupación está por cumplir tres años de su conformación el próximo 9 de abril. Actualmente, está poblada de 462 familias, un número que la constituye en la toma más grande de cuantas existen en Cipolletti.
Liderados por Lilia Calderón, sus protagonistas están a la espera de la resolución judicial del caso, luego que el propietario Carlos Romero decidiera no continuar las negociaciones con los ocupantes al no acordarse la forma de pago del monto por parcela ya acordado, que se había fijado en unos 10.000 pesos.
Días atrás, la abogada Ana Calafat, representante de los pobladores, se entrevistó con el secretario de Gobierno de la comuna, Darío Bravo, con quien trataron aspectos reivindicativos de la barriada irregular, en la que se necesitan servicios básicos del Estado municipal.
Calderón dijo ayer que los vecinos siguen firmes en su decisión de mantenerse en el asentamiento sea cual fuere la resolución de la Justicia, razón por la cual advirtió que cualquier intento de desalojar “será violento” porque “ninguno de los vecinos está dispuesto a irse”.
 
Cambiar prácticas culturales
La dirigente manifestó que “la mayoría” de los habitantes está también decidida a pagar por su parcela y dijo que quienes “no quieren hacerlo tendrán que hacerlo igualmente porque, así se trate de tierras privadas o del Estado, hay que pagarlas”.
Enfatizó que, a su juicio, “hay que terminar con esa mala práctica cultural de no pagar lo que corresponde”, por lo que consideró conveniente recordar que la cuenta bancaria en que se depositan los fondos que van aportando los vecinos para comprar sus parcelas sigue abierta y habilitada.
Indicó que el 9 de febrero la Justicia fijó 30 días hábiles para resolver la situación en torno al interdicto de recobrar puesto en marcha a partir de la acción del propietario. En base a esta situación, especuló que la decisión judicial podría resolverse en los próximas semanas.
En el interín, Calderón buscará mantener una reunión con el intendente Abel Baratti y, de ser posible también, con el gobernador Alberto Weretilneck. "Se deben buscar respuestas a nivel del Estado municipal, provincial y también Nacional", enfatizó.

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