La advertencia de la Justicia ante la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: "No responde mamá ni papá"

Lo que para cientos de adolescentes comenzó como un reto viral de redes sociales o una simple distracción escolar ha escalado hasta convertirse en una problemática judicial de gravedad. Con aproximadamente 150 casos registrados de escritos amenazantes de tiroteos en escuelas, la Justicia comenzó a advertir a los adolescentes sobre las consecuencias de esas acciones.

La jueza penal de Roca, María Gadano, encabeza una serie de talleres preventivos desarrollados por la Escuela de Capacitación Judicial, donde el eje central es desarticular la idea de que estas conductas son juegos inofensivos para perder clases o sumarse a retos de redes sociales.

Durante sus intervenciones en los colegios del Alto Valle, la magistrada ha sido tajante al definir el alcance de los actos que muchos estudiantes consideran "bromas". La jueza busca erradicar el desconocimiento sobre el encuadre legal de las intimidaciones, advirtiendo con claridad que “dejar un mensaje, escribir en un baño o enviar un texto por WhatsApp puede constituir una amenaza. Es un delito y tiene consecuencias penales”.

En distintos puntos del país hubo sanciones contra los padres, como el cobro de los operativos preventivos. Incluso, en Mendoza, una madre fue demorada por la Policía. Sin embargo, la magistrada aclaró que los adolescentes son los responsables finales y pueden ser imputados, dependiendo de su edad.

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El colegio Estación Limay fue una de las escuelas de Cipolletti donde hubo amenazas de tiroteo.

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Uno de los puntos de mayor tensión en las charlas es la clarificación de quién asume las consecuencias ante la ley. Frente a la creencia de que la minoría de edad actúa como un escudo protector absoluto o que la responsabilidad recae en los tutores, la jueza Gadano fue contundente al expresar que “la responsabilidad penal es personal. No responde mamá ni papá”.

El mensaje busca generar conciencia sobre la autonomía y los riesgos legales que los estudiantes asumen al participar de estas maniobras de amedrentamiento.

Gadano explicó que, si bien actualmente la responsabilidad penal alcanza a los jóvenes desde los 16 años, ese umbral se reducirá a los 14 años a partir de septiembre. Esta modificación normativa hace que la labor de la Escuela de Capacitación Judicial sea crítica, ya que “los chicos no tienen idea de las implicancias de las cosas que hacen” y la falta de información no solo afecta a los adolescentes, sino también a los adultos de su entorno.

La Justicia, desbordada por la demanda de las escuelas

La iniciativa judicial, que ya estaba en marcha pero se intensificó tras la multiplicación de amenazas, intenta cubrir una demanda que hoy desborda a los operadores del sistema. Gadano reconoció que, debido al volumen de pedidos de las instituciones, “no estamos dando abasto”, y detalló que los talleres deben dictarse fuera del horario laboral para no resentir el servicio de justicia.

La jueza remarcó que el proyecto surge precisamente de “lo que vemos en nuestro trabajo diario” y de la necesidad de los directivos escolares por obtener herramientas legales.

Pese a que el ministerio de Educación activó un protocolo anti-violencia, la Justicia insiste en que la raíz del problema está en la educación y la comunicación. “Los chicos necesitan información que tal vez los docentes no pueden brindar en su totalidad, y lo mismo pasa con los padres”, indicó la magistrada a Literal Radio.

Para el Poder Judicial, el éxito de estos encuentros reside en transformar el silencio o la complicidad del "reto viral" en un diálogo reflexivo. Gadano concluyó que esta crisis de convivencia escolar demanda un esfuerzo conjunto, ya que “esto no se resuelve solo desde la justicia o desde Educación, sino en conjunto”, apelando a que el debate iniciado en las aulas llegue finalmente a cada hogar.