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Primer debate sobre el “juicio directo”

Especialistas y legisladores discutieron la norma de agilización de causas.

Alcanzaría a los casos de flagrancia, que actualmente demandan un año para su resolución. Se acortaría a unas 24 o 48 horas.

Especialistas, técnicos y los autores de los proyectos legislativos de juicio directo realizaron un primer debate sobre la propuesta de reforma del Código Procesal Penal presentada en la Legislatura. La iniciativa fue presentada por la legisladora Marta Milesi (Concertación) en base a un proyecto de ordenanza del edil cipoleño Lucas Pica.
En la apertura del encuentro, Pica expresó que la intención de la norma es «darle sentido común al sistema de justicia» y consideró que se aplicaría en casos «dolosos y flagrantes», es decir, en aquellos casos en los que el delincuente sea descubierto durante el ilícito. «Se trata de delitos simples, pero su resolución actualmente demanda al menos un año».
Esto fue avalado en el análisis técnico de Maximiliano Breide Obeid, secretario Penal y uno de los disertantes de la jornada.
Como sucede con la mayoría de las iniciativas legislativas, se propone una recorrida por distintas ciudades de la provincia para dar a conocer el proyecto y recoger opiniones. Esto fue destacado por el vicegobernador Bautista Mendioroz, presente en el debate. El presidente del Legislativo destacó el hecho de «sacar de Viedma al Parlamento», para llevar la discusión a todas las ciudades.
A su turno,  Milesi planteó que «como ciudadana la intención es crear una ley con sentido común. Para que podamos trabajar y mejorar aquello de que los tiempos de la Justicia no son los mismos que los de la gente».
La discusión de la iniciativa generó interés de abogados, funcionarios judiciales y vecinos. Integrantes de la agrupación Familiares del Dolor y el Consejo de Seguridad estuvieron presentes para escuchar a los especialistas.
La iniciativa es novedosa, aunque se aplica en algunos puntos del país. Su principal objetivo es acortar a plazos de 24 o 48 horas la resolución del proceso judicial en los casos de flagrancia, cuando los agentes judiciales cuentan con pruebas suficientes para elevar la causa a juicio y que los fueros correspondientes tomen intervención.
Milesi informó que debates similares se desarrollarán en otras ciudades para permitir el avance del proceso legislativo de la norma.

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