Le reclamó una deuda, lo retuvo a la fuerza y terminó imputado: otro violento ataque llegó a la Justicia

La Justicia rionegrina formuló cargos contra dos hombres por distintos hechos de violencia ocurridos en Catriel y Cinco Saltos. En uno de los casos, un joven fue retenido contra su voluntad para exigirle el pago de una deuda. En el otro, un trabajador fue agredido durante una discusión y terminó con lesiones.

Las imputaciones se realizaron este lunes en audiencias desarrolladas en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción, donde las juezas de Garantías dieron por iniciadas formalmente ambas investigaciones.

El dramático episodio en Catriel

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 12 de marzo en una vivienda del barrio Preiss.

La fiscalía sostuvo que el dueño de la casa amenazó a un joven con un caño y le impidió abandonar el lugar para obligarlo a pagar una deuda que, presuntamente, había contraído un amigo de la víctima.

La situación logró destrabarse cuando el joven consiguió comunicarse telefónicamente con un conocido, quien dio aviso a la Policía. Gracias a esa intervención, los efectivos llegaron al domicilio y concretaron el rescate.

Por estos hechos, el acusado fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y coacción agravada por el uso de un arma.

Como medida de protección, la Justicia le prohibió acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima mientras avanza la investigación.

Un trabajador terminó golpeado en Cinco Saltos

En otra audiencia, la fiscalía de Cinco Saltos acusó a un hombre por un episodio ocurrido el 25 de marzo en una vivienda de la calle Rivadavia.

De acuerdo con la investigación, tras una discusión el imputado golpeó en el rostro a un trabajador, provocándole lesiones que posteriormente fueron constatadas por profesionales del hospital local.

Por ese hecho, fue acusado por el delito de lesiones leves.

Cuatro meses para avanzar con las investigaciones

En ambos expedientes, las defensas públicas no formularon objeciones a la acusación presentada por la fiscalía.

Las juezas de Garantías dieron por formalizadas las investigaciones penales preparatorias y fijaron un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público Fiscal reúna pruebas y avance con las causas antes de definir los pasos procesales siguientes.