LMCipolletti 27 de julio 2011 - 21:00

Postergan definición por Iribarren

Se suspendió la reunión del Consejo de la Magistratura de Roca, que debía resolver si se aceptará la renuncia del juez, que debe ser juzgado por su desempeño al investigar el primer triple crimen.

Familiares del Dolor hicieron pública una carta en la que reclamaron que el magistrado sea sometido al jury.

Fue suspendida ayer la reunión del Consejo de la Magistratura de Roca en la que se iba a tratar la del Juez Pablo Iribarren. "Nos sorprendió, porque no se sabía nada. Según nos dijeron, es por la renuncia de Luis Lutz", dijo Ulises González sobre la postergación, sin nueva fecha probable del clave encuentro que debe mantenerse en Roca.
Los integrantes de Familiares del Dolor se expresaron a través de una carta para manifestar su “formal oposición a la aceptación" de la renuncia al magistrado, que presentó su renuncia al poder Judicial luego de que se elevara a juicio político en su contra el expediente por su actuación en la investigación del primer triple crimen.
"Luego de más de 11 años de investigación, nos encontramos con que finalmente este Consejo se encuentra próximo a decidir si ha incurrido en mal desempeño durante la instrucción del juicio en el que se debió investigar quiénes fueron los autores materiales, intelectuales y encubridores del homicidio de María Emilia y Paula González y Verónica Villar", afirmaron.
Y plantearon que "el magistrado ha gozado de la protección necesaria que le ha permitido continuar en su cargo, a pesar de las gravísimas irregularidades incurridas (...), con lo cual la actuación judicial en la investigación de dicho delito no sólo ha sido una vergüenza municipal, provincial y nacional, sino también internacional".
La carta, firmada por González, Carlos Pablo, Ana Smith y Claudia Ortiz, consigna que "es necesario, para la salud del sistema judicial, una resolución por parte de este Consejo que determine si Iribarren ha sido o no responsable de que no se hayan encontrado a todos los culpables, o por lo menos de que los familiares de las chicas cruelmente asesinadas no hubieran tenido chances de saber quiénes fueron".

La renuncia
Para Familiares, "resulta contradictoria la conducta de. Iribarren, quien por un lado tiene el deber de administrar la Justicia, y por el otro y cuando ya se encuentra en juicio, opta por renunciar, cercenando así a quienes perjudicó con su accionar del derecho de obtener un pronunciamiento".
Sostuvieron que "estamos desconcertados respecto del sentimiento de Justicia que tiene Iribarren", quien presentó su dimisión un día después de la confirmación del juicio.
Su proceder "no resiste el mínimo cuestionamiento ético, moral y jurídico, y pone de resalto una vez más la enorme ineptitud para desempeñar el cargo de juez que ostenta", expresaron y recordaron que "ha sido sancionado por su errónea actuación en la liberación del ginecólogo Paita, que le valió una sanción de suspensión de 60 días. Claro que además de ello, posee otros cinco sumarios en trámite, en donde se lo acusa de gravísimas irregularidades".
Por ello, sostuvieron que "de aceptarse la renuncia, se configuraría un acto a todas luces discriminatorio, ya que si cualquier ciudadano debe ser juzgado cuando no ha cumplido con la ley, no entendemos por qué Iribarren puede tener el semejante privilegio de no ser juzgado".
Desde la institución reclamaron que "nadie debe gozar de privilegios que irritan a la población en su conjunto, ni eludir el juicio que se le realiza, ni mucho menos y lo que resultaría aún más grave, ello deber ser permitido por este Consejo, ya que si así fuera, la aceptación de la renuncia – entre otras cosas- habilitaría a Iribarren a presentarse a cualquier concurso para juez, camarista o algún otro cargo del ministerio Público, como ya lo ha hecho, aumentando así el deterioro institucional que atraviesa el poder Judicial".
Finalmente, "solicitamos a este Consejo que al momento de evaluar la renuncia presentada por Iribarren, tenga en consideración no sólo cuestiones que hacen al citado magistrado (quién ahora sorpresivamente se considera víctima de un sistema al que voluntariamente se sometió, pues de lo contrario debería haber renunciado al inicio del proceso), y cuyo cargo de juez usufructuó durante todos estos años perjudicando notablemente a aquellas personas que acuden al servicio de Justicia, sino que es necesario e imprescindible que este Consejo garantice los derechos de todas aquellas personas que han sido afectadas por el mal desempeño de Iribarren".
Y plantearon que "si así no fuera, una vez más las familias Villar y González, y la ciudadanía en su conjunto -pues el mal desempeño de un magistrado penal trasciende el interés de las víctimas-, dejarán de tener justicia, lo que resultaría indignante e inadmisible".