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Policías presentaron certificados médicos truchos para no ir a trabajar

Los policías aceptaron cumplir una suspensión de juicio a prueba. Deberán pagar el daño producido al Estado y realizar donaciones al hospital Castro Rendón.

Una mujer y tres hombres, todos policías neuquinos, aceptaron cumplir una suspensión de juicio a prueba por haber presentado certificados médicos truchos para justificar inasistencias laborales.

Se trata de Cynthia Vergez, Nicolás Hernández, Matías Farías y Luis Miguel Álvarez a quien la fiscalía les imputó el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documentos falsos en calidad de autor. En el caso de Hernández, fueron 15 los hechos que se acreditaron; mientras que a Vergez, Farías y Álvarez los imputaron por un hecho a cada uno.

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La asistente letrada de la fiscalía, Andrea Chamas, arribó al acuerdo este miércoles, el cual consiste en la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Durante ese periodo, las personas imputadas deberán abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir en forma abusiva estupefacientes ni alcohol, mantener el domicilio y presentarse cada cuatro meses ante la dirección de Población Judicializada.

Además, en el acuerdo se estipuló que los cuatro efectivos policiales deberán pagar el monto que se ha determinado en el daño producido al Estado ($43.678,89) y, a su vez, deberán realizar donaciones mensuales de mil pesos al hospital Castro Rendón.

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que entre septiembre de 2016 y octubre de 2019, los cuatro policías imputados presentaron certificados médicos truchos para justificar sus inasistencias a sus puestos de trabajo, defraudando a la administración pública provincial mediante el cobro de remuneraciones indebidas, provocándole al Estado provincial un perjuicio económico de $43.678,89.

Vergez, Farías y Álvarez presentaron un 1 certificado médico falso cada uno, mientras que en el caso de Hernández se comprobó que presentó 15 documentos falsos.

Al tratarse de delitos que tienen una pena en expectativa menor a los tres años y que los acusados no contaban con antecedentes penales, se optó por la suspensión de juicio a prueba. El juez de garantías Gustavo Ravizzoli, homologó el acuerdo y suspendió el proceso a prueba tal como se había planteado desde el Ministerio Público Fiscal.

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