Operador Senaf que debía cuidar a menores vulnerables fue condenado por abuso y amenazas

Uno de los dos empleados de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro- imputados por los delitos de abuso sexual y amenazas cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes (CAINA) de General Roca, reconoció los hechos y la calificación enrostrada y fue condenado a prisión condicional, por lo que continuará en libertad, aunque no podrá trabajar nunca más en la administración pública.

Hay otra mujer acusada, cuyo proceso se desarrollará en los próximos días.

Asistido por su abogado de confianza, contando con el aval de la Defensora de Menores en representación de los niños víctimas de este legajo, el hombre sentenciado comenzó a cumplir el castigo a partir del miércoles, día en que se realizó la audiencia resolutiva, ya que las partes renunciaron a los plazos procesales.

Los delitos del trabajador de Senaf

Los hechos que aceptó haber cometido y que la fiscalía investigó, ocurrieron entre abril de 2021 y antes del 1 de septiembre de 2023, mientras se encontraba prestando funciones como auxiliar asistencial en uno de los CAINA, la institución donde se debe asistir a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad.

“Las acciones realizadas a los menores de manera cotidiana y luego amenazándolos con que no contaran nada causaron real temor a los niños y lograron su objetivo, hasta que fueron advertidas las autoridades, que realizaron la denuncia correspondiente”, describió el fiscal del caso.

“El segundo hecho, de abuso sexual simple, fue entre julio y agosto de 2023, en una ocasión en el sector de la cocina del CAINA, cuando el hombre efectuó tocamientos en la pierna de una de las adolescentes víctimas”, explicó la fiscalía.

La prueba mencionado en la audiencia del acuerdo abreviado pleno concretado consistió en la denuncia de la Coordinadora Institucional de los CAINA, los testimonios de otros operadores y de la psicóloga de los centros.

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Se incluye el informe de la delegada de la SENAF donde se describen los expedientes del juzgado de Familia interviniente, el trabajo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público, las cámara Gesell realizadas a los menores víctimas, la pericia resultante del Cuerpo de Investigación Forense, la certificación de servicios emitida por la Subsecretaría de Organización y Recursos Humanos de la SENAF respecto del trabajo que realizaba el imputado.

La pena le permite seguir en libertad

La calificación legal por la que deberá cumplir la condena de 3 años de prisión condicional más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos en la administración pública, su inscripción en el REPROCOINS -Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual- y las costas del proceso es: “amenazas coactivas continuadas en calidad de co-autor, y abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda en calidad de autor, todo en concurso real”, según los Artículos 149 bis, segundo párrafo, 119 primer y último párrafo en función del cuarto párrafo inc. b), 45, 54 y 55 del Código Penal.

Además deberá cumplir con reglas de conducta de fijar y mantener domicilio, prohibición de acercamiento a la menor víctima, por si o terceros y prohibición de contacto por cualquier tipo de vía.

Todo lo anterior debe ser cumplido por el plazo de tres años, bajo apercibimiento de que se revoque la condicionalidad de la condena, por lo que la debería cumplir tras las rejas.

El proceso contra la otra imputada está en la etapa de control de la acusación, que tras un cuarto intermedio se retomará el próximo lunes a las 10.