Lo denunció por violento y estar "todo el día" con el celular: se tiene que ir de la casa

Un hombre del Alto Valle fue obligado a retirarse de la casa que compartía con su familia por una orden de la Justicia de Paz tras la denuncia que su pareja presentó por violencia familiar.

La medida, que apunta a resguardar a la mujer y sus hijos menores ante su estado de vulnerabilidad, incluye también la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto hasta que “existan elementos” que permitan modificar las disposiciones.

La presentación la hizo la mujer a principios de este mes en la Comisaría de la Familia de Allen, por lo que por tratarse de conductas previstas en la Ley 3040 fue elevada al Juzgado de Paz de la localidad, donde en una audiencia posterior no sólo ratificó las acusaciones sino también las amplió.

Discusiones por el teléfono

El tenor de las agresiones fueron descriptos a grandes rasgos en la resolución firmada por el titular del juzgado, Antonio Barrera Nicholson, quien de todas maneras remarcó que advirtió una situación “calificada como riesgosa” en referencia al “contacto entre ambos progenitores”.

Relató que "... en algunas ocasiones, o sea, en discusiones como que se exalta más de lo debido” y que “me trata de que yo tengo la culpa de todo... ".

Agregó que también discuten por la afición el hombre, identificado con las siglas NGJ, al uso del teléfono.

"...yo le pido que deje el celular, que preste más atención en cosas de la casa... O sea, una convivencia, como una pareja normal, no que esté todo el día metido en el teléfono”, aseguró.

El día que formalizó la denuncia contó que él la bloqueó y le dijo que no quería hablar más con ella.

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El Juzgado de Paz de Allen resolvió medidas contra el tío denunciado por abuso y por intentar atropellar a su sobrina.

AN Allen

La mujer pidió que excluyan del hogar a NGJ y el magistrado se lo concedió dado que advirtió que los hechos denunciados “son de gravedad porque ponen en riesgo la vida de la denunciante” además de los niños, que son víctimas “al ver estas escenas”.

Explicó que la exclusión “tiene por objeto desarraigar al presunto agresor del medio físico donde está conviviendo con la víctimas de sus conductas violentas con el fin de evitar reiteración de los episodios de crisis”.

A esa medida agregó la prohibición de acercamiento en un radio no menor de 200 metros del domicilio de la familia, lugar de trabajo estudio y otros ámbitos de concurrencia de la persona afectada. Le aclaró que en caso de que se encuentren circunstancialmente en algún sitio deberá retirarse él.

La resolución también le aclara al acusado que de detectarse incumplimientos se pedirá la intervención de la justicia penal por haber cometido el delito de desobediencia.

El caso del marido haragán

Hace pocos días se conoció un caso similar en Contralmirante Cordero, donde una mujer también pidió ayuda a las autoridades pero en su caso porque el marido no trabaja ni tampoco colabora con las tareas hogareñas, y además gastó el dinero que tenía ahorrado. Del mismo modo había requerido la expulsión del hombre, padre de sus dos hijos menores.

Sin embargo jueza de Paz subrogante de esa localidad, Marta Fuentes resolvió desestimar la denuncia, al considerar, que según los episodios narrados, no correspondía implementar medidas cautelares previstas en la normativa, debido a que -sostuvo- no se configuraba “una situación de violencia familiar que implique riesgo actual o inminente para la integridad física, psíquica o emocional de alguno de los integrantes del grupo familiar”.