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Lo condenaron a 10 años y medio de prisión por violar a la hijastra y abusar de su hija

Los hechos ocurrieron años atrás en Cipolletti y Fernández Oro. El hombre sigue libre porque el fallo aún no está firme. Las partes acordaron la pena, pero la defensa impugnará la declaración de responsabilidad.

La Justicia cipoleña condenó a 10 años y seis meses de prisión a un hombre por violar a la hija de quien era su pareja y abusar sexualmente de su propia hija, ambas menores de edad.

El fallo aún no está firme, por lo que PBE -así lo identifican- continúa en libertad. Aunque le colocaron una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, entre otras medidas cautelares. Además, tiene prohibido acercarse a las víctimas y presentarse lunes y viernes en la Comisaría 52 de Centenario, donde estaría residiendo.

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Los hechos se remontan a hace varios años atrás y la investigación conducida por la fiscal Rocío Guiñazu los dividió en cuatro, todos ellos con detalles aberrantes, que hablan de un alto grado de perversión.

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El primero ocurrió entre el 26 de febrero de 2016 y el 25 de febrero de 2019 en una vivienda de Cipolletti donde vivían, y el hombre manseó a su hijastra cuando tenía entre 7 y 10 años de edad. La acusación indica que la sometió a “una serie reiterada e innumerables de actos lascivos y prematuros”. No solo la tocó, sino que también hizo que la niña lo tocara”. También la amenazó, diciéndole que si contaba algo “le iba a hacer algo a su mamá y a sus hermanos”.

Los ataques sexuales continuaron hasta que cuando la víctima tenía 9 años, la accedió carnalmente vía vaginal “en varias oportunidades”. Todo lo hacía aprovechando que la mamá de la chiquita y pareja del hombre se ausentaba de la casa.

El segundo caso se produjo entre noviembre y diciembre de 2019 en un domicilio de Fernández Oro, donde también la manoseó. Con posterioridad, entre el 3 y el 4 de julio, la volvió a atacar en Cipolletti. La manoseó y también la violó.

Mientras que el cuarto hecho lo ubicó la fiscalía en los primeros días de junio de 2020 también en Cipolletti. En esa oportunidad incluyó a su hija, que tenía 14 años. Sucedió cuando se acostó en una cama entre ambas chicas. La adolescente se despertó por los tocamientos en los pechos y la vagina. Asustada, se fue al baño a refugiarse.

“… le hacía cosas malas…”

Poco después del último episodio, la ex pareja y madre de la víctima hizo la denuncia al 911 cuando la niña le contó que el padrastro “...le hacía cosas malas...”. Al escuchar su testimonio, la otra joven -a la que consideraba una hermana porque se conocían de pequeñas- se quebró y también relató lo que le había sucedido a ella.

El fallo describe que fue un golpe duro para ella, porque su papá “era lo más importante en su mundo”. Para la hijastra también, a quien conocía desde los 2 años edad.

PBE fue imputado por distintas figuras legales. Por el primer hecho: “promoción de la corrupción de una menor de edad agravada por ser cometida a una menor de 13 años, mediando amenaza, por la convivencia preexistente y ser el encargado de la guarda en concurso ideal con abuso sexual simple, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechándose de la convivencia preexistente y ser el encargado de la guarda, y abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la guarda”. Por el segundo: “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, agravado por ser cometido por el encargado de la guarda”. Por el tercero “abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el encargado de la guarda”, todos en concurso real.

En tanto que, por la denuncia de la hija, le impusieron “abuso sexual simple agravado por el vínculo (ascendiente)”.

La defensora de Menores, Alicia Merino, adhirió a lo planteado por la fiscal y solicitó que se aplique “perspectiva de infancia y género atento el abuso sexual a una niña en el ámbito familiar”.

Culpable por unanimidad

En el juicio de responsabilidad, en el que se unificaron los dos expedientes, PBE -que se abstuvo de declarar en todo el debate- fue defendido por el abogado Damián Moreyra, quien pidió la absolución por el beneficio de la duda al poner en duda la declaración de testigos que presentó la acusación. Además, deslizó que “el hermano (de la víctima) pudo haber cometido el hecho”, lo que fue desestimado. Esa versión generó rispideces con la fiscal Guiñazu, quien lo trató de “caradura”.

Por su parte la Fiscal reclamó declararlo culpable. Sostuvo que los hechos quedaron acreditados por la declaración de las menores y de las profesionales que las asistieron psicológicamente y remarcaron el trauma que atravesaron. En el caso de la hijastra destacó el informe de un médico que certificó un “desgarro” vaginal de antigua data y también lo aportado por un tío a quien le develó lo sucedido, el abuelo materno y las docentes de la escuela a la que concurría, donde advirtieron un brusco cambio de personalidad.

El tribunal integrado por María Florencia Caruso Martín, Guillermo Baquero Lazcano y Marcelo Gómez declaró culpable por unanimidad al acusado.

Ha quedado claro que E. P. abusó de las dos menores de edad, por un lado (…), hija de su pareja, lo hizo infinidad de veces desde que la niña tenía 7 años, primero con tocamientos hasta avanzar al acceso vía vaginal, ello demostrado con pericia médica, en la cual se evidenció una lesión de larga data, además de los informes psicológicos y las declaraciones de los docentes, que demostraron el cambio de actitud de Y”, indica el fallo.

En cuanto a su hija, aclararon que la manoseó una sola vez, pero que “indudablemente” iba a seguir si no hablaba la hermanastra. “… ella se animó y esto no siguió”, señala la sentencia en este caso.

Se resaltó asimismo el impacto que le generó a la chica, dado que consideraba al padre un ídolo.

Acuerdo de pena

Tras la declaración de culpabilidad, se llevó a cabo el juicio de cesura, con la novedad que Moreyra había renunciado la defensa de PBE y lo reemplazaba Rodrigo Martínez. En este marco, la fiscal Guiñazu informó que habían alcanzado un acuerdo con la defensa para definir la pena.

Se destacó que un tribunal colegiado le hubiera impuesto hasta 12 años de prisión, pero las partes “apartándose del mínimo van a requerir una pena de prisión efectiva de 10 años y 6 meses de prisión”.

Consideraron que el hombre no posee antecedentes penales, y que tanto las dos víctimas como sus madres aceptaron el acuerdo de pena “sobre todo porque es una condena alta”.

De todos modos, Martínez aclaró que va a impugnar la declaración de responsabilidad.

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