Ex funcionarios y una vecina, acusados por una estafa millonaria contra un gobierno municipal

El Ministerio Público Fiscal acusó formalmente a cuatro funcionarios municipales y a una ciudadana particular por una presunta defraudación millonaria derivada de la compra irregular de terrenos destinados a la construcción de una escuela.

De acuerdo con la fiscalía, el perjuicio económico provocado a las arcas públicas podría alcanzar los 137 mil dólares. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló de manera presencial este jueves en el Foro Penal de Cipolletti.

En el banquillo de los acusados estuvieron presentes los cinco involucrados: el presidente del Concejo Deliberante, dos ex concejales, el ex secretario de Gobierno (quien al momento del hecho se desempeñaba como secretario de Gobierno y Hacienda del municipio) y una mujer particular. La Defensa Pública asumió la asistencia legal de tres de los imputados, mientras que los dos restantes contaron con patrocinio de abogados particulares.

Al abrir el debate, el Fiscal Jefe detalló la hipótesis delictiva que se investiga bajo la calificación penal de defraudación contra la administración pública, agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos en calidad de coautores.

Según consta en la acusación, la maniobra se inició en septiembre de 2024, cuando las autoridades legislativas y del Ejecutivo municipal dieron marcha a la adquisición de 14 lotes en la localidad de San Isidro. El destino final del predio era la construcción del edificio para la Escuela Primaria 300. Por esta operación, el municipio desembolsó un total de 204 millones de pesos, lo que representaba unos 165.182 dólares en aquel momento.

Irregularidades en la transacción inmobiliaria

La investigación fiscal detectó severas anomalías en el proceso administrativo y comercial. La particular involucrada vendió las tierras al Municipio presentándose como dueña legítima, cuando en realidad solo contaba con un boleto de compraventa como su primera maniobra defraudatoria. Asimismo, concretó la transacción comercializando el predio de forma subdividida, a pesar de que en los registros oficiales figuraba asentado como un lote único.

El fiscal detalló que la adquisición salteó los controles obligatorios fijados por la normativa local, ya que no fue tratada, debatida ni votada en el seno del Concejo Deliberante como impone la Carta Orgánica. Tampoco se dictó la declaración de utilidad pública del espacio. La compra se ejecutó directamente sin una tasación oficial previa y sin requerir los informes de dominio correspondientes.

La acusación sostiene que existió un lucro indebido en favor de la supuesta vendedora. La mujer habría propiciado el escenario de conflictividad social mediante un corte de ruta en reclamo de un terreno para la escuela, logrando posicionarse como vocera del grupo de padres para luego prometer y concretar la venta de un predio sobrevalorado en su precio original.

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La presunta estafa fue con la compra del terreno para construir el edificio de la Escuela 300.

El cálculo del perjuicio económico

Los peritajes presentados por la Fiscalía expusieron notorias diferencias de valores. Si el inmueble se hubiese adquirido de forma compacta como un solo bloque, su valor real de mercado era de 28.000 dólares. Por el contrario, si se tomara bajo la modalidad de subdivisión en 14 lotes, el valor estimado ascendía a 96.400 dólares.

De este modo, el perjuicio económico directo ocasionado al Municipio se calcula en 137.182 dólares tomando como referencia el lote único, o en 68.782 dólares si se computa la subdivisión. Cabe destacar que la causa penal se originó a partir de una denuncia radicada formalmente ante las autoridades judiciales por dos concejales, quienes advirtieron el manejo irregular en la tramitación del expediente.

Objeciones de la defensa

Durante la audiencia, tanto los dos abogados particulares como el defensor oficial objetaron los términos de la acusación. Los defensores coincidieron en que la operación no constituyó una maniobra defraudatoria y afirmaron que no existen pruebas suficientes para sostener el caso, argumentando que los concejales imputados no tienen facultades ni el manejo directo de las arcas públicas.

Tras escuchar las posiciones de ambas partes, el juez de Garantías dictaminó que se cumplimentaron todos los requisitos previstos por la ley para aceptar la formulación de cargos solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Con esta resolución, el magistrado habilitó formalmente la etapa penal preparatoria y fijó un plazo de cuatro meses para el avance de la investigación.