Estafa: Hicieron consumos por más de 18 millones de pesos con una modalidad recurrente de fraude

Una mujer de Villa Regina sufrió la clonación de su tarjeta de crédito durante un viaje a Buenos Aires y, al regresar, descubrió consumos fraudulentos que superaban los 18 millones de pesos. La Justicia ordenó al banco y a la emisora de la tarjeta que no le cobren los gastos desconocidos ni la incluyan en los registros de deudores.

Según consta en el fallo del Juzgado Civil de Villa Regina, la damnificada advirtió los consumos luego de volver a su rutina laboral. En un principio detectó cargos por 407 dólares en la plataforma Booking, 320 mil pesos en pasajes de la empresa Unibus y 130 mil pesos en concepto de impuestos por consumos en moneda extranjera.

Tras presentar el reclamo por los canales digitales del banco BBVA Francés, la entidad anuló las tarjetas y envió nuevas al domicilio de la usuaria. Sin embargo, pese a la confirmación del reclamo por correo electrónico, los consumos igual fueron debitados de su cuenta.

La estafa no se detuvo y el banco no colaboró

Días más tarde, la situación siguió empeorando. Al ingresar al homebanking, la mujer detectó 28 consumos adicionales, todos desconocidos, realizados con las tarjetas que ya habían sido denunciadas como robadas y dadas de baja. En total, los cargos alcanzaban los 18 millones de pesos.

Ante esta situación, la mujer se presentó personalmente en la sucursal bancaria y reiteró el desconocimiento de los consumos. No obstante, comenzó a recibir respuestas negativas a sus reclamos por parte de la entidad.

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El Juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la titular de la tarjeta. Ordenó al banco y a Mastercard abstenerse de debitar las cuotas correspondientes a las compras cuestionadas y de informar los datos de la clienta a la base de deudores del Banco Central.

En su resolución, el tribunal consideró que en este tipo de relaciones rige el principio protectorio del consumidor y valoró la existencia de verosimilitud del derecho, además del peligro en la demora, ya que la afectada podría verse perjudicada económicamente si debía afrontar los pagos mientras se resolvía el conflicto.