Echaron a una guardiacárcel: integraba una banda de ladrones

El gobierno rionegrino exoneró a trabajadores por faltas graves y entre ellos se encuentra una exagente del Servicio Penitenciario Provincial a una mujer por haber cometido “faltas de disciplinas gravísimas” que afectaron el "prestigio de la institución", indica el decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial.

En los hechos, la sargento Alejandra Vique Vila integró una banda de asaltantes que atacaba a empresarios de la región, mientras cumplía funciones en Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca.

La historia de la ahora exuniformada revela que comenzó a delinquir luego de enamorarse de Facundo Guillermo Agüero, un preso al que tenía que cuidar.

Amor y delito

El entramado comenzó a salir a la luz en julio de 2023, cuando la policía allanó la casa de Vilque, ubicada en el barrio House Vial de Roca, donde detuvieron a Agüero, quien estaba en prisión domiciliaria y se había arrancado la tobillera satelital que lo monitoreaba.

La Justicia lo investigaba por una serie de graves asaltos cometidos a empresarios de la región, entre ellos de Villa Regina.

La causa avanzó y surgieron sospechas que la guardia cárcel, de alrededor de 40 años, tenía relación con esos golpes delictivos e integraba la pandilla, por lo que posteriormente fue apresada también en su mismo domicilio. Había quedado detenida en una comisaría de Cinco Saltos, aunque luego recuperó la libertad. Ahora el SPP resolvió expulsarla de sus filas.

Empleados exonerados

El Gobierno de Río Negro informó que se tramitó más de 900 expedientes administrativos en el marco de la política de ordenamiento del Estado. Como resultado, se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones -entre ellas la guardiacárcel-, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, entre 2024 y lo que va de 2025.

Desde la secretaría de la Función Pública explicaron que las medidas forman parte de una estrategia sostenida para mejorar el funcionamiento del sector público y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los agentes.

“Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública. Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho”, señaló la secretaria del área, Tania Lastra, quien agregó que el objetivo es “respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea”.

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Durante el período analizado, se iniciaron 172 nuevos sumarios administrativos y se dictaron 86 suspensiones preventivas. A su vez, 70 agentes fueron sobreseídos y 193 expedientes fueron archivados al no acreditarse incumplimientos, lo que —según el Gobierno— demuestra que el proceso “ofrece garantías de defensa y transparencia”.

Cada caso es evaluado por instructores letrados, quienes realizan una investigación interna antes de aplicar cualquier sanción. “El objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los compañeros que sí cumplen con sus tareas”, añadió Lastra.

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia variedad de incumplimientos, desde faltas graves en el servicio (ausencias injustificadas, negligencia en la gestión, desatención de tareas o mal uso de insumos públicos) hasta inconductas en el ámbito laboral, como malos tratos, insultos o peleas entre compañeros.

Las sanciones más severas corresponden a la cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso después de cinco años, y la exoneración, que inhabilita de forma definitiva para volver a trabajar en el Estado. Esta última se aplica en casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme. En uno de los casos recientes, se exoneró a un empleado condenado por violencia de género.