Denunció a la hija por hacer fiestas con drogas y poner en riesgo a su pequeño nieto

Preocupado por la seguridad de su pequeño nieto, un vecino de Contralmirante Cordero denunció a su propia hija por sus presuntos hábitos libertinos que pondrían en riesgo al niño, de tan solo siete años de edad.

En la presentación efectuada a fines de enero último describió diversos episodios, como “falta de atención y peligro ocurridos en el domicilio donde el menor reside con su progenitora”, identificada con las siglas VMS.

Entre los hechos más relevantes relató que durante el período de pandemia de COVID se realizaban en su casa "fiestas clandestinas” y que “en una ocasión, hubo una persona herida”.

También contó que en otra oportunidad, alertado por vecinos fue hasta el lugar y se encontró al niño “en medio de la fiesta, que en el lugar había olor a humo y drogas” y que al revisar la casa “habría hallado cocaína”.

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El abuelo agregó que el chiquito, quien cursa el tercer grado, “aún no ha adquirido lectoescritura debido a la falta de asistencia regular a la escuela”.

Sin embargo, no fue solo esa acusación, ya que agregó que la mujer estaría ejerciendo “violencia económica” en perjuicio de su hijo.

Puntualizó que estaría manteniendo una relación sentimental con un preso del Establecimiento Penal de General Roca, y el dinero de la cuota alimentaria del niño lo utilizaría para los gastos de su novio y los viajes para visitarlo a la prisión.

El hombre destacó que ya había pedido ayuda a la SENAF (Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia), organismo al que se acercó personalmente.

Explicó que lo habían entrevistado y que le sugirieron que realice la denuncia, y que anticipó que pedía “expresamente” que intervinieran y que se le ordene a su hija que haga un tratamiento psicoterapéutico.

Intervención del Juzgado de Paz

La causa quedó comprendida en lo que establece la Ley 3040 -sobre la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares” y el Código de Familia, por lo que el expediente fue elevado al Juzgado de Paz local, cuya titular subrogante, Marta Fuentes, ordenó de inmediato medidas para proteger al menor dado que, advirtió, se encontraban “vulnerados derechos fundamentales”.

En primer lugar, sostuvo que resultaba “imperioso” pedir la intervención de la Delegación Cinco Saltos de la SENAF, como lo establece la Ley Provincial 4109, que regula la “protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes”.

También pidió la actuación de la Defensoría de Menores e Incapaces de Cipolletti, para disponga en el ámbito de su competencia, y dispuso poner en conocimiento lo resuelto al Juzgado de Familia, también de Cipolletti.

En esa instancia debería concurrir con el asesoramiento de un abogado particular, aunque en caso de contar con recursos económicos podrá requerir el acompañamiento legal gratuito en la Defensoría de Pobres y Ausentes.

Derechos vulnerados

En la denuncia, el abuelo aclaró que el menor le había manifestado que “no desea continuar viviendo con su madre”. En el dictamen del Juzgado de Paz no se hace mención a la tenencia del niño, lo que se suele definir tras la intervención de la SENAF.

El trato que estaría padeciendo la víctima está contemplado en la normativa provincial. “… el niño tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio familiar que satisfaga sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas”, expresa entre los fundamentos.

El derecho de los chicos a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en la familia es un principio también reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.