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Piden que se declare la emergencia alimentaria en Río Negro

Lo solicitaron dirigentes de distintas organizaciones sociales en un encuentro virtual con funcionarios de la provincia. También plantearon la necesidad de que se apruebe la emergencia en materia de violencia de género y por la situación de las adicciones.

Referentes de varias organizaciones sociales de Río Negro mantuvieron una reunión virtual con el ministro de Gobierno de la Provincia, Rodrigo Buteler, y con su colega de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Juan José Deco, en el curso de la cual le plantearon la necesidad de que se declare a la provincia en emergencia alimentaria.

Los dirigentes que participaron del encuentro pertenecen al Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, Somos Barrios de Pie y Dignidad Rebelde.

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En la ocasión, los representantes de las organizaciones le requirieron al gobierno provincial que se consideren como trabajadores esenciales a todos aquellos, en su mayoría mujeres, que se desempeñan en los comedores y merenderos que hay en distintas localidades, a quienes se debería considerar como prioritarios en el programa de vacunación contra el coronavirus.

También le pidieron que se adhiera en todos sus términos al decreto nacional y leyes de integración socio-urbana de los barrios populares del país, garantizando para cada uno de los asentamientos existentes la prestación de los servicios básicos a través del certificado de vivienda familiar.

Además, plantearon la necesidad de que se declare la emergencia por la violencia contra las mujeres y acciones concretas para salvar la vida de las agredidas. Como aporte en esta línea de acción, solicitaron el reconocimiento provincial del trabajo de las promotoras territoriales contra la violencia de género en los barrios. En forma simultánea, peticionaron la emergencia en materia de adicciones, con la consigna de ni un pibe menos por la droga.

Por último, reclamaron al Estado rionegrino que haya una participación efectiva del orden de un 25 por ciento para los movimientos sociales en el trabajo que se genera con la ejecución de la obra pública.

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