Odarda interviene tras los ataques a la comunidad Qom en Chaco

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, organismo de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, manifestó su profunda preocupación y solicitó ayer una urgente intervención del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Chaco, ante los acontecimientos ocurridos en esa provincia el pasado sábado, cuando policías de la localidad de Fontana irrumpieron de manera violenta en la vivienda familiar de una familia Qom, llevándose detenidos y rociando con alcohol a algunos de sus miembros, entre ellos mujeres que, según lo expresado, habrían sido abusadas por los uniformados.

El domicilio de la familia de la Comunidad Qom del Barrio Argentina, cerca del acceso a Fontana, habría sido atacado sin orden de allanamiento, sin identificación, en clara violación de todos los protocolos de accionar policial y violación de derechos.

“Advertimos que esta situación de tensión es un factor común en un alto porcentaje de comunidades indígenas de todo el país”, afirmó la presidenta de INAI, Magdalena Odarda.

Por esta razón, y de acuerdo a las competencias establecidas por la ley 23.302, por la presunta violación de la Ley N° 26811 de Violencia Institucional y la Ley 26485 Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Convención del Derecho del Niño -Ley 23.849-, la presidenta del INAI requirió a la funcionaria del Chaco la inmediata intervención de la Comisaría Tercera de Fontana, la debida investigación y separación preventiva de todos los agentes que estuvieron en funciones el sábado 30 de mayo a la noche, la debida participación del pueblo indígena en la investigación sumaria para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de los graves hechos que pusieron en peligro a los jóvenes de la Comunidad Qom.

Asimismo, el INAI requirió que se garantice atención médica y psicológica urgente a las y los jóvenes y sus familias.

Por último, se solicitó a la Ministra que se informen las medidas procesales adoptadas o a adoptarse a los efectos de resguardar la integridad física de los miembros de comunidades indígenas y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

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