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Negociarán para evitar desalojo

La Justicia ratificó que las tierras del Barrio Obrero A deben restituirse a su dueño. Pero habilitó una instancia de debate que las partes aceptarán.

"Esos 15 días de gestión deben ser intensos, con muchas reuniones, porque lo que nadie quiere es el desalojo", dijo el beneficiado por el fallo de la Cámara de Apelaciones.

La Justicia rechazó la apelación de los habitantes del Barrio Obrero A y determinó los plazos y formas para el desalojo del predio, que deberá ser restituido a su dueño. Con escaso margen de maniobra, desde la toma adelantaron que apelarán la medida y plantearon que buscarán reabrir las negociaciones con Carlos Romero para que venda las tierras.
“Mi deseo, y el de mi familia, es que la gente pague las tierras y se quede. El precio es simbólico teniendo en cuenta lo que vale un terreno en Cipolletti”, concedió Romero dispuesto a sentarse a negociar con los ocupantes del Barrio Obrero A, “el Gobierno y la Justicia para lograr un acuerdo”.
Una situación similar se vivió en etapas previas del juicio que dio origen a la apelación resuelta oficialmente ayer. “Nos habíamos puesto de acuerdo en el precio, pero no en la forma de pago. Romero quiere toda la plata al contado y acá, salvo algunas familias, el resto no podemos cancelar el terreno en un solo pago. Eso es lo que tenemos que discutir, pero yo creo que es algo que tenemos que hacer, que el camino es intentar solucionar esto mediante el diálogo”, dijo Lilia Calderón, referente de la toma.
En el Barrio Obrero, afirmaron que el monto a pagar por cada lote ronda los 10.000 pesos, por lo que el valor total de las tierras sería cercano a los cuatro millones de pesos. Romero no dio precisiones, pero dio a entender que el costo es sensiblemente menor. Aseguró: “El precio es simbólico, por esa plata no se podrían comprar ni una moto”.
 
Desalojo
En su fallo, los magistrados de la Cámara de Apelaciones sentaron los próximos pasos para zanjar el conflicto. En principio, instaron a la negociación entre las partes fijando un plazo de 15 días luego de que la sentencia quede firme. El período podría ampliarse por otras dos semanas si así lo requiere el juez Alejandro Cabral y Vedia.
Cumplido ese tiempo para acordar la venta de las tierras o una salida pacífica de los ocupantes, debería realizarse un desalojo con intervención de la fuerza pública.
“Cabe destacar que el conflicto suscitado debe enmarcarse en un contexto estructural de ciertas condiciones socioeconómicas que evidencian el déficit en la satisfacción de las diversas necesidades básicas de vastos sectores sociales, entre ellas, el acceso a una vivienda adecuada”, contemplaron los jueces.
Por ello, consignaron una serie de medidas a cumplir antes de forzar la salida de las familias. Respetando tratados internacionales de Derechos Humanos, exigieron audiencias entre las partes y referentes del área de vivienda de Nación, Provincia y Municipio y que se garanticen viviendas o un lugar de reasentamiento para los vecinos.
Romero aseguró que propiciará el debate. "Esos 15 días de negociación deben ser intensos, con muchas reuniones, si es posible todos los días, porque lo que nadie quiere es el desalojo. Eso es seguro", concluyó.

Los vecinos apelarían la sentencia

Lo ratificaron ayer tras conocer el fallo. Romero dijo que si lo hacen no habrá nuevas negociaciones para vender las tierras que le pertenecen.
 
La resolución de los jueces Edgardo Albrieu, Alfredo Pozo y Jorge Douglas Price no sorprendió a las partes que esperaban que el tribunal ratificase el fallo de primera instancia emitido por el magistrado Alejandro Cabral y Vedia. Por eso, en el barrio, el sector representado por la abogada Ana Calafat ya habría resuelto apelar la medida.
“No nos juntamos, pero ella vio el fallo y nos aseguró que nos vamos a presentar a una instancia superior”, adelantó Calderón e informó que hoy se realizaría una asamblea para conocer la opinión de los habitantes del sector.
La posibilidad de que las familias recurran por segunda vez la sentencia de Cabral y Vedia puede truncar el acercamiento para la venta de las tierras. “Si apelan la situación cambia totalmente, porque dejarían en claro que no tienen buena voluntad. Se presentarían (al Superior Tribunal de Justicia) sabiendo que el resultado va a ser el mismo. Y ante esa circunstancia no podemos negociar, ni llegar a ningún acuerdo”, anticipó Romero.
Esa postura podría hacer replantearse a los vecinos la alternativa de continuar buscando el visto bueno del Poder Judicial. La apelación debe presentarse en un plazo de cinco días hábiles, que de vencer confirmará automáticamente el fallo de primera instancia.

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