Megabanda: van al STJ con la ilusión de algún beneficio
Es una de las instancias que les quedan a los delincuentes condenados por diversos asaltos y robos.
Los intentos por conseguir una posible excarcelación o directamente que se revise la sentencia dictada en los tribunales de Urquiza y España por parte de la temible megabanda de boqueteros se dirigirán en las próximas semanas al Superior Tribunal de Justicia rionegrino (STJ). Es la instancia que les quedó luego de agotar los reclamos ante jueces cipoleños y también el Tribunal de Impugnación provincial.
El rechazo a la excarcelación de Pablo "Penche" Muñoz por parte de los magistrados con asiento en Viedma, tras una impugnación impulsada por fiscales y querellantes, pulverizó las esperanzas del resto de los condenados que permanecen presos por múltiples asaltos y robos en la región. Una respuesta positiva, por el contrario, los habría animado a impulsar recursos que insistan en su excarcelación, apoyados en la situación de emergencia por el COVID-19.
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Debido a las altas penas que deben cumplir, que superan los 20 y 30 años de cárcel, la mayoría de los condenados buscan evitar que la sentencia quede firme y por este motivo van a protestar primero ante el STJ y, posiblemente en muchos casos, recurran a la Corte mediante la vía extraordinaria.
De igual modo, en el corto plazo tienen casi nulas posibilidades de lograr una excarcelación y deberán esperar en forma paciente las respuestas del máximo tribunal rionegrino.
Uno de los que ya estaba trabajando en su presentación ante el STJ es el líder de la megabanda, José "Chiqui" Forno. Su abogado defensor anticipó semanas atrás a este diario que se buscará obtener una respuesta positiva de los magistrados; en cuanto a los argumentos, tienen mucho que ver con lo expuesto ante el Tribunal de Impugnación, haciendo hincapié en los montos de las penas impuestos y acciones vinculadas con la investigación. En este caso, los abogados criticaron en distintos momentos del proceso el tema de las escuchas telefónicas y las calificaron de ilegales.
En la región, no hay antecedentes de penas de prisión tan contundentes como las dictadas por los jueces cipoleños Alejandra Berenguer, Laura González Vitale y Marcelo Gómez. Lo particular de estos funcionarios de la Cuarta Circunscripción es que, en plena pandemia, se pronunciaron a favor de la excarcelación de "Penche" Muñoz, generando una importante polémica y muestras de repudio por parte de víctimas y hasta legisladores provinciales.
Duras penas que superan los 30 años
Por una unificación de condenas, José Forno cumple un castigo de 33 años, al igual que Benito Pereira Canuillan. Muy cerca de esta dura condena se ubica la de Gustavo Curruhuinca, con 31 años.
Tras la impugnación impulsada por la defensa, dos de los condenados consiguieron una rebaja mínima de las penas: Aníbal Oscar Meneses, quien de purgar 25 años pasó a 19, y Pablo Muñoz, que de 23 años quedó en 20.
Otro de los integrantes de la megabanda que cumple una pena de envergadura es Sandro Gerez Derves, a quien le impusieron un castigo de 25 años.
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