Los Montecino vuelven al banquillo por autos truchos

La fiscalía cipoleña intentará probar que lideraban una banda.

Gustavo Arroyo - arroyog@lmneuquen.com.ar

En lo que ya parece ser un duelo personal entre la fiscalía cipoleña y varios integrantes de la familia Montecino, en poco más de una semana se concretará un nuevo juicio por la presunta venta de autos robados y con desperfectos técnicos. Se trata de un viejo proceso, que arrancó en 2017 y terminó con condenas leves para dos hombres por el delito de estafa.

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La sentencia dictada por un tribunal integrado por Guillermo Baquero Lazcano, Sonia Martín y Álvaro Meynet, quien había votado en disidencia, generó el enojo de los fiscales Guillermo Merlo y Vanina Bravo, encargados de la acusación. Ambos, en los alegatos, habían impulsado un pedido de condena por un delito grave como la asociación ilícita, además de coacción. Sin embargo, los jueces consideraron que no estaban probadas las sospechas sobre la actuación de una banda delictiva que había engañado a varias personas en la venta de vehículos y que, en algunos casos, habían sido intimidadas por pagos atrasados.

Más allá de otras vicisitudes que tuvo la investigación, un factor clave que hizo caer la acusación fue un audaz despliegue de la defensa particular de dos integrantes de la familia Montecino, Pablo Montecino y Pedro Hernández, planteando que la fiscalía no había solicitado de manera oportuna una prueba vinculada con las ruedas de reconocimiento.

A la hora del fallo, los jueces, por mayoría, se mostraron en sintonía con la defensa, a cargo de Juan Vincenty, y se limitaron a dar “por acreditadas, más allá de toda duda razonable, dos de las estafas que fueran motivo de acusación”. Tras el veredicto, los Montecino se volvieron a su casa y la fiscalía quedó masticando bronca.

Por esta razón, impugnaron lo resuelto y tuvieron su revancha: magistrados viedmenses ordenaron un nuevo proceso.

El nuevo proceso contra integrantes de la familia Montecino se desarrollará durante varias audiencias.

Hasta el procurador intervino en el proceso

El proceso que llega a juicio a los tribunales de Urquiza y España atravesó múltiples estadíos, incluida la sorpresiva intervención del procurador general de la provincia, Jorge Crespo, quien estalló al enterarse que los acusados les habían ofrecido un acuerdo a las víctimas y que pretendían el beneficio del criterio de oportunidad.

Mediante un comunicado público elaborado en Viedma, el funcionario judicial remarcó: “En ningún caso se concederá el criterio de oportunidad más de una vez por un mismo tipo de delito. Es decir que cuando una persona, en el marco de una investigación por estafas, accede a un criterio de oportunidad, no podrá ser nuevamente beneficiada en el futuro por un delito de características similares” y deberá enfrentar el proceso judicial.

Tras esta intervención y una postura firme adoptada por los fiscales locales, se arribó al juicio y la reiteración de la acusación por el delito de asociación ilícita.

Después, vino el fallo de los magistrados locales, que se ubicó en la vereda opuesta de las intenciones de los acusadores. Sin demoras, se aferraron a la impugnación y consiguieron una nueva oportunidad de cerrar un trabajo investigativo donde se invirtieron recursos humanos y técnicos durante más de tres años.

Una investigación de gran envergadura

La investigación que se centró en integrantes de la familia Montecino fue de gran envergadura, tanto como la que apuntó a la megabanda de boqueteros, y las expectativas de la fiscalía cipoleña eran muchas debido a que, con anterioridad, se había visto frustrado otro proceso de características similares y que encabezó el hoy fiscal Santiago Márquez Gauna.

En la última pesquisa, que arrancó en el 2016, la Brigada de Investigaciones llevó a cabo un intenso despliegue durante varios meses.

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